Juez frena venta de casas campestres en Apulo por irregularidades en el POT
La licencia que permitía subdividir el predio vacacional para vender casas por 100 mil millones de pesos fue suspendida.
Un juez municipal de Cundinamarca ordenó cerrar la sala de ventas de la constructora Guzerat y la inmobiliaria Arcast, ubicada en el municipio de Apulo, además de las otras salas físicas a nivel nacional y en internet, en las que se vienen ofreciendo lotes del condominio "Riverside".
Estas medidas cautelares tienen por objetivo proteger a la comunidad frente a la compra de lotes que no cumplían con el esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de dicha población cundinamarquesa.
De acuerdo con la resolución 111 de 2015, se habría autorizado una subdivisión del predio del condominio "Riverside", donde se estaban ofreciendo 217 lotes para la comercialización tras darles una apariencia de ser un centro vacacional y obtener ganancias irregulares por más de 100 mil millones de pesos.
Los investigadores establecieron que las casas fueron puestas en venta por un valor de 504 millones de pesos cada una y con esta subdivisión se afectaba el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Apulo.
“Asimismo, el juez ordenó que la Alcaldía Municipal de Apulo y la Secretaría de Desarrollo Sostenible del mismo municipio, suspendan de manera temporal los efectos de la licencia que habría sido otorgada irregularmente y que permitía que el predio fuera loteado, mientras se resuelve el proceso penal, por encontrar motivos graves y fundados sobre la expedición irregular de los títulos”, indicó la Fiscalía.
Esta decisión fue adoptada en la audiencia de imputación de cargos que realizó la Fiscalía contra Joan Manuel Guevara Uriza, exsecretario de Desarrollo Sostenible de Apulo y el exalcalde del municipio de Mosquera, José Álvaro Rozo, quien aparece como representante legal de la sociedad Guzerat y gerente de la sociedad Arcast.
Los dos implicados en este escándalo deberán responder por el delito de prevaricato por acción, por lo que podrían pagar penas superiores a los seis años de prisión.
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