Organizaciones sociales criticaron condena de padrinos de Salazar en el Tolima
Algunos sectores manifestaron que la decisión del juez “se quedó corta”.
Johanna Jiménez, hija de las excongresista Gilma Jiménez y promotora de los derechos de la infancia en el país, cuestionó el fallo condenatorio contra los responsables de la muerte de la menor Sara Salazar en Armero Guayabal (Tolima) y señaló que hizo falta contundencia.
El juez del caso sentenció a Ángela Johana Guerra y Edilberto Rojas Torres a penas de 39 y 13 años de cárcel, respectivamente, lo cual según Jiménez fue algo que “quedó cortó”, ya que la menor fue víctima de violencia y abuso por parte de estas personas.
"Hoy recordamos a Sarita porque la justicia condenó a dos de sus verdugos. No entiendo qué más le tienen que hacer a nuestros niños para que sea impuesta la máxima pena contemplada en la justicia colombiana que es de 60 años. Las decisiones de los jueces se están quedando cortas y un caso como el de Sarita Salazar ameritaba un fallo más drástico", dijo la líder social.
Johanna Jiménez solicitó a la Fiscalía continuar con las investigaciones del caso de ‘Sarita’, al señalar que aún quedan algunas incógnitas, como lograr identificar al responsable del abuso sexual que sufrió la menor.
"Estamos esperando que la Policía de con el paradero del o de los violadores de Sarita, recordemos que en su momento Medicina Legal determinó que la niña fue víctima de acceso carnal", indicó.
Asimismo reiteró el llamado para que se determine la responsabilidad de la Comisaría de Familia del municipio de Armero Guayabal, quien no atendió de manera oportuna a la menor y habría podido evitar el constante maltrato físico y psicológico al que era sometida.
"Es evidente que la ex comisaria, Catherine García, fue negligente, indolente e indiferente y evitó que la menor saliera del infierno que padeció durante más de siete meses", agregó.
Finalmente, Johana Jiménez dijo que no descansará hasta que en el país se apruebe la ‘Ley Gilma Jiménez’, para que se implemente la prisión perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños en Colombia.
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