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Se aceptaron las objeciones presentadas por el alcalde de Roncesvalles, José Manuel García.

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Colprensa

El Tribunal Administrativo del Tolima tumbó el acuerdo que, en febrero de este año, fue aprobado por el concejo municipal de Roncesvalles que prohibió la ejecución de proyectos mineros en esta localidad del suroccidente del departamento.

El acuerdo restringía la explotación de metales a mediana y gran escala, la extracción de hidrocarburos y la construcción de centrales hidroeléctricas, al considerarlas prácticas nocivas para el medio ambiente. 

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La sentencia única es resultado de las objeciones realizadas por el alcalde de Roncesvalles, José Manuel García, quien consideró que el proyecto era inconstitucional ya que el concejo municipal no está facultado para tomar decisiones sobre el territorio. 

Al acogerse a los argumentos presentados por el mandatario, el Tribunal consideró que la corporación actuó “sin adelantar los procedimientos y lineamientos que ha establecido la ley para estos eventos, sin tener en cuenta que su competencia para regular el suelo no es absoluta”.

Señaló, además, que los tres artículos del documento “no se ajustan a la legalidad y la constitucionalidad”, por lo que fue archivada la iniciativa. 

“En ese momento nos llevamos la sorpresa porque el alcalde objetó el acuerdo supuestamente por ilegal y porque no son las facultades del Concejo. Se le respondieron las objeciones y el señor da la remisión al Tribunal que, en sentencia, tumba el acuerdo”, manifestó Luis Carlos Forero, integrante del Comité Ambiental de esta localidad.

Agregó que los ambientalistas ven “con preocupación lo que está pasando en Colombia (…) nosotros estamos dispuestos a seguir dando la lucha jurídica porque creemos que no estamos errados y estamos defendiendo el agua, la vida y el territorio”. 

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Ante esta situación y en general por la defensa de los recursos naturales, los habitantes de Ronces se movilizaron por las principales vías de esta localidad. 

Una situación similar ya había ocurrido el martes de esta misma semana. El Tribunal del Quindío invalidó el proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo del municipio de Salento, en defensa del patrimonio cultural y ecológico de esa región el pasado mes de febrero, contra los efectos de la megaminería.

El ambientalista representante de la Fundación Ecológica Cosmos, Néstor Ocampo, señaló que es muy posible que el gobierno nacional esté detrás de las corporaciones municipales, para que de alguna manera se pueda permitir que las multinacionales decidan sobre los territorios.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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