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Procuraduría confirmó sanciones a tres exalcaldes de Cundinamarca

Foto: archivo prensa gobernación



En fallos de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, confirmó las sanciones impuestas a los exalcaldes de los municipios de Bojacá, Tibacuy y Silvania.

En el caso de Bojacá, se suspendió e inhabilitó por tres mes al señor Luis Núñez Durán, en su condición de alcalde de Bojacá, para la época de los hechos, tras ser hallado responsable de causar un detrimento al patrimonio público del municipio en el marco de un contrato de obra.

Según la investigación disciplinaria, Núñez Duran, incluyó dentro del contrato de obra pública suscrito para realizar la rehabilitación, mantenimiento y pavimentación de la vía El Corzo – Bojacá, el valor de la contribución especial -Fondo de Seguridad- equivalente al 5 por ciento del valor total del contrato, pese a que por mandato legal esta contribución debía ser asumida por el contratista

Otro falló, determinó confirmar la destitución e inhabilidad por 14 años impuesta a Javier Gilberto Rodríguez Sanabria, en su condición de alcalde municipal de Tibacuy, para la época de los hechos, por irregularidades de carácter contractual presentadas entre los años 2010 y 2011.

El órgano de control estableció que entre diciembre de 2010 y octubre de 2011, Rodríguez Sanabria contrató verbalmente la prestación de servicios de arreglo y reparación del parque automotor y maquinaria del municipio sin cumplir con las formalidades legales mínimas.

Una tercera decisión suspende por tres meses a Jorge Guevara Canasteros, en su calidad de alcalde municipal de Silvania para la época de los hechos, por omisión en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos irregulares que generaron la decisión disciplinaria están relacionados con el incumplimiento respecto de la ejecución y culminación del proyecto de vivienda de interés social rural denominado ‘Mirador’, cofinanciado por el Banco Agrario. Las pruebas indican que a la fecha de su retiro de la entidad, el 31 de diciembre de 2011, las obras no fueron terminadas.

Los fallos de segunda instancia indican que las sanciones impuestas a los exalcaldes, deberán convertirse en multa equivalente a los salarios devengados  al momento de los hechos investigados, según lo dispuesto en la ley.