Tras fallido concierto de Carlos Vives, ordenan destitución de funcionaria en Ibagué

En decisión en primera instancia, la Personería de Ibagué destituyó del cargo e inhabilitó por un periodo de once años para ejercer funciones públicas, a la actual secretaria de Cultura municipal, Johana Cristina Prada Quiroga. 

Esta sanción es producto de una investigación que adelantó el Ministerio Público para comprobar si se presentaron irregularidades en la firma de un contrato, por más 2.960 millones de pesos, para la presentación de los cantantes Carlos Vives y Manuel Turizo.

Vale recordar que en abril de este año se suscribió el contrato, de manera directa, entre el municipio y la Sociedad CB Eventos y Producciones S.A.S., con el propósito de que los artistas estuvieran en tarima, en el marco del Festival Folclórico Colombiano, a mitad de año. 

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Pese a que ya se había llegado a un acuerdo legal con la mencionada firma, la Alcaldía decidió liquidar de manera unilateral el acto administrativo por supuestas inconsistencias. Por esta razón, el evento musical nunca se realizó. 

Tras la investigación, la Personería de Ibagué resolvió aplicar la sanción, al considerar que Prada Quiroga desconoció los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa al haber adjudicado, de forma directa, la millonaria suma y no por medio de un proceso licitatorio.

“La investigada cometió una falta gravísima (a título de culpa gravísima), al haber tomado la decisión, en su condición de Secretaria de Cultura y delegada, con la ordenación del gasto del nivel central de la Alcaldía de Ibagué de participar y adelantar directamente la etapa precontractual y posteriormente suscribir el contrato de prestación de servicios artísticos de apoyo a la gestión”, indicó el personero de la capital del Tolima, Camilo Ossa. 

Igualmente, el fallo resalta que los servicios de los artistas y la logística del evento se adquirieron en un mismo contrato, cuando el apoyo a la gestión podía haberse adjudicado a través de una convocatoria.

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De ser apelada la sanción, quedará en segunda instancia en manos de la Procuraduría Regional del Tolima.  

El Ministerio Público también ordenó compulsar copias, por una cuerda procesal separada, para que se investigue la actuación de Jenifer Licel Aya,  jefe de la Oficina de Contratación del municipio.