Foto: archivo particular

La Procuraduría instauró la acción popular para reactivar la red férrea en Boyacá. Esta fue admitida por el tribunal administrativo de Boyacá.   El corredor férreo Bogotá - Belencito tiene una longitud de 293 kilómetros y se encuentra inactivo en la actualidad. Con el propósito de que se ordenen las actuaciones de las entidades competentes para reactivar la prestación eficiente y oportuna del servicio público esencial de transporte ferroviario en Boyacá, la Procuraduría General de la Nación interpuso una actuación popular, que fue admitida por el Tribunal Administrativo de ese departamento. El corredor férreo Bogotá - Belencito, que actualmente se encuentra inactivo, tiene una longitud de 293 kilómetros y a su paso recorre, además de la capital del país, los municipios de Madrid, Mosquera, Funza, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Chocontá y Villapinzón en Cundinamarca, y los de Ventaquemada, Tunja, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama, Sogamoso y Belencito en Boyacá. Este es un recorrido de importancia estratégica para el desarrollo de la región y la reactivación de la vía férrea le daría un notorio impulso no solo la carga de materiales, sino también al desplazamiento de pasajeros. El Ministerio Público pretende rehabilitar la red Férrea En la acción popular la Procuraduría Provincial de Tunja solicitó, entre otros, que se ordenara al Ministerio de Transporte expedir un acto administrativo o reglamento que determine la migración de la red férrea hacia “trocha estándar”, es decir, ampliar el ancho de vía para las locomotoras de nueva generación. Asimismo, que se ordene al Instituto Nacional de Vías, a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Departamento de Boyacá, que se inicie un plan de reactivación de operaciones férreas, de manera que garantice el servicio público esencial de transporte férreo de pasajeros y a que su prestación sea eficiente y oportuna. Con respecto a la Agencia Nacional de Infraestructura se solicitó además que se le ordene evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de asociación público privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte.