A un taller de carros le dieron un contrato para atender covid-19 en La Palma, Cundinamarca

La Procuraduría General de la Nación encontró que el alcalde del Municipio de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín,  le adjudicó un contrato para la compra de alimentos y artículos de aseo a una empresa que se dedica a la reparación de vehículos.

En el proceso de investigación el organismo de control encontró que el alcalde del municipio cundinamarqués había realizado la irregularidad con un contrato superior a los 60 millones de pesos.

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Con este contrato que no cumple los términos de ley de la contratación estatal, se pretendía adquirir insumos para atender a personas afectadas por el Covid-19 en la región, y el cual se hizo con una empresa dedicada a la reparación de vehículos, asegura el proceso de indagación de la Procuraduría General de la Nación.

Por este acto ilegal la Procuraduría formuló pliego de cargos al alcalde de La Palma, Cundinamarca, Jhon Jairo Pulido.

Con el contrato que halló la Procuraduría se destaca el hecho que presupuesto de $65.163.372, era para la compra de alimentos, implementos de aseo y desinfección.

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También llamó la atención que los precios de los artículos adquiridos tenían precios elevados a los que se manejan por parte de los distribuidores en el mercado.

De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Vigilancia administrativa y Judicial, el alcalde de La Palma, Jhon Jairo Pulido habría desprotegido los derechos de la entidad territorial. 

En el informe levantado por la delegación de la Procuraduría se señala que el alcalde Pulido,  "aceptó y dio por ciertos los precios de los productos que fueron estipulados por la referida empresa en la cotización que presentó, hecho que comporta un deficiente estudio del mercado y, de contera, un desconocimiento del sector objeto del proceso de contratación desde la perspectiva financiera”.

También señala el pliego de cargos , "que la celebración del contrato habría comprometido recursos públicos por encima de lo necesitado (…) y “el investigado suscribió el negocio jurídico, no obstante que el estudio de mercado era deficiente”.

Para la Procuraduría, la determinación del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de los deberes.

El secretario de Planeación municipal de La Palma, Edward Andrés Hernández,  también fue vinculado al proceso, quien suscribió el documento denominado “análisis del sector”, al tratarse de uno que impactó las condiciones del contrato objeto del reproche.

La Procuraduría señala que contra la  presente decisión no procede recurso alguno.