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Parque Deportivo de Ibagué, 2015.
Parque Deportivo de Ibagué, 2015.
Archivo Alerta Tolima

En Ibagué celebraron la determinación de la Contraloría General de la República de imputar responsabilidad fiscal por 27 mil 923 millones de pesos a Andrés Botero Phillipsbourne, exdirector de Coldeportes, y a Luis Hernando Rodríguez, exalcalde de la capital del Tolima, por el escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales 2015. 

Según el ente de control, la Alcaldía, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), y Coldeportes, quienes destinaron los recursos para la construcción de los escenarios en el Parque Deportivo de la ciudad, omitieron tomar acciones frente a las falencias en la ejecución y en el atraso de las obras, pese a que era de su conocimiento. 

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“Las irregularidades presentadas durante la ejecución del contrato de obra, influyeron de manera significativa en los retrasos en el cronograma, situación que conllevó a que no se garantizara la entrega oportuna de los escenarios deportivos en el plazo inicialmente previsto (31 de octubre de 2015), razón por la cual estos no fueran utilizados para los Juegos Nacionales de ese año”, señaló la Contraloría. 

Veedurías del deporte en Ibagué que han hecho seguimiento a las irregularidades de las justas deportivas y la reconstrucción de escenarios, celebraron la determinación. Consideran que pese a que han pasado seis años, se está haciendo justicia. 

“La justicia va cumpliendo su labor, va despacio, pero muchas personas que han sido implicadas tienen que pagar por esta situación tan compleja. Nosotros como colectivo y también los ibaguereños, en su mayoría, están de acuerdo en que estas cosas se cumplan y puedan pagar por aquello que aún vivimos del desfalco”, señaló Iván Avendaño, líder del colectivo Ibagué Escenarios Deportivos Ya. 

Los voceros esperan que las investigaciones continúen con el fin de encontrar y sancionar a más implicados.  

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La Contraloría también imputó responsabilidad fiscal contra Carlos Heberto Ángel, gerente del IMDRI para la época; Mauricio Campos del Cairo, quien se desempeñó como supervisor, y Maritza Fernanda Rozo, quien era directora administrativa y financiera del instituto. Así mismo contra los contratistas y una funcionaria de la Administración Municipal. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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