Revelan detalles del proyecto para endurecer sanciones a plataformas que oferten viajes en vehículos particulares

Este lunes se conocieron detalles del proyecto de ley que busca incrementar la sanciones a las aplicaciones de transporte informal y que será llevado, por parte de la Superintendencia de Transporte, al Congreso de la República el próximo 7 de febrero.

En el borrador del proyecto se indica que este organismo de control, siempre y cuando tenga pruebas de que las plataformas ofertan servicios de transporte en vehículos que no están autorizados, podrá ordenar desconexión de estas mismas.

“Ordenará a los proveedores y operadores de redes y servicios de internet la desconexión de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por 30 días por evento”, detalla el documento. 

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En ese mismo sentido, afirma que esta decisión deberá ser comunicada con ocho días de anticipación a las diferentes compañías, así como propietarios, operadores, administradores y agentes del medio de comercio electrónico. 

Multa

En cuánto a la multa que será impuesta a las compañías, el documento, que será radicado por parte de la Superintendencia de Transporte, sostiene que será de acuerdo al tiempo que lleve ofreciendo a los usuarios este tipo de transporte “ilegal”, calculando la base de sus ingresos del mes anterior al que se le impone la multa.

“El monto de la multa a los propietarios del comercio electrónico o la plataforma tecnológica se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre el funcionamiento del servicio legalmente autorizado, estimado en función de la dimensión de la operación del infractor. Los proveedores y operadores de redes y servicios de internet deberán garantizar que durante el término de la desconexión permanezcan fuera de línea”, afirma el borrador. 

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En cuánto a la sanciones que serán impuestas a conductores de vehículos particulares que oferten servicios de este tipo a través de plataformas como Uber, Indriver, Cabify, Didi o Picap, el documento también afirma que las autoridades no estarán autorizadas para inmovilizar el vehículo, siempre y cuando la persona acepte la infracción. 

“La inmovilización no procederá en el transporte de pasajeros si el presunto infractor acepta la comisión de la infracción y se puede establecer en el sitio que la empresa efectivamente se encuentra autorizada para la prestación del servicio que se está ejecutando”, sostiene. 

Entre tanto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, destacó que esta decisión de las autoridades permitiría luchar en contra de la ilegalidad en este tipo de servicios, en todo el territorio colombiano, así como responder a las diferentes solicitudes realizadas por gremios del transporte público. 

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“Este es el proyecto de ley que busca establecer y modificar todo el tema de régimen sancionatorio del sector transporte y ahí nos vamos a ocupar del tema de cómo vamos a luchar contra la informalidad e ilegalidad en el transporte", precisó.

Éstas decisiones, según la información entregada en el documento, empezarían a regir después de los primeros tres meses de la expedición de la ley.