Sacerdotes no deberían tener fuero frente a casos de abuso sexual infantil: ICBF
El Instituto envió un equipo para verificar la situación al interior del colegio San Viator.
La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, se pronunció sobre la forma en la que se juzga a los sacerdotes acusados de abuso sexual infantil y manifestó que nadie debería tener fueros cuando se trata de delitos en contra de los menores de edad.
Frente a la pregunta “Cuándo suceden estos casos y los victimarios son sacerdotes el proceso penal es diferente, ellos son juzgados con una especie de fuero por la Iglesia ¿ustedes están de acuerdo que eso pase?” Pungiluppi respondió: “En este instante es lo que pasa, pues eso habría que reformarlo, pero es lo que pasa, no debería ser yo, creo que nadie debería tener los fueros”.
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Caso San Viator
Frente a los recientes casos de presunto abuso sexual al interior del colegio San Viator, el ICBF aseguró que tan pronto como se conocieron los hechos a través de los medios de comunicación y las denuncias que interpusieron algunos familiares de los adolescentes que estudian en este colegio, se envió un equipo para verificar la situación.
“Desde la dirección regional de Bogotá se está haciendo la articulación para enviar un equipo de defensoría de familia como corresponde en el marco de la ruta de restablecimiento de derechos, y realizar la verificación de los derechos del adolescente que puso en conocimiento el presunto abuso sexual”, afirmó Juliana Cortés, directora de Protección del ICBF.
De comprobarse la veracidad del caso el equipo de defensoría de familia deberá interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación e iniciar el proceso de atención psicosocial al adolescente y a su familia.
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Registro de abusadores sexuales
En el marco de la ley 1918, el ICBF propuso que se realice un registro de abusadores sexuales para que al ocupar algunos cargos se exija el certificado de antecedentes de crímenes de delitos sexuales, dicho documento aplicaría para profesores y demás miembros de la comunidad educativa que estén en permanente contacto con los menores.
Según el Instituto, se ha detectado que los principales victimarios de los niños niñas y adolescentes en casos de abuso sexual son personas que hacen parte de sus entornos protectores como el colegio o el hogar.
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