Foto: AFP

El archipiélago de San Andrés ha venido recibiendo población desplazada por la violencia, personas a quienes el Estado debe darles atención prioritaria en medio de un sin número de problemas sociales relacionados con la sobrepoblación de la isla.

Entre la población de San Andrés hay temores por la llegada de personas desplazadas por la violencia.

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Josep Barrera, director de la OCCRE, Oficina de Control, Circulación y Residencia, sentó su voz de protesta.

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Y no protesta por falta de solidaridad. Vivir en San Andrés es cada vez más difícil, aseguran los isleños; la carne es cara, el agua es escasa, la infraestructura en salud es insuficiente.

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El Gobierno Nacional ha confirmado que a San Andrés han llegado cerca de 350 víctimas de la violencia, aunque se aclara que no existe ningún plan para llevar masivamente víctimas al archipiélago.

A Josep Barrera, director de la OCCRE, le preocupa una clara sobrepoblación de una isla de 22 kilómetros cuadrados habitables.

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Algunos dicen que los habitantes ya llegan a 200 mil, en unas islas donde la energía se produce con ACPM, llevado desde Cartagena, donde no hay agricultura y viven del turismo.

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La realidad de los sanandresanos es que también falta empleo y educación. Ellos saben que el desplazamiento es un problema de todo Colombia, pero ellos no podrían soportar el peso.

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Según el Gobierno nacional se trabaja en lograr retornos voluntarios a las zonas de origen para evitar revictimización de los desplazados, mientras tanto los temores de que lleguen en mayor cantidad persisten por parte de los habitantes del archipiélago que como bien lo dicen, ya parece más una ciudad flotante que una isla.

-Este es el comunicado emitido al respecto por las autoridades-

Ante la información que circula en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sobre el ingreso de población desplazada y/o desmovilizada a la zona insular, el Ministerio del Interior y la Gobernación de ese departamento, precisan que:

• El Gobierno nacional NO adelanta ni adelantará ningún plan o programa de reubicación en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

• La población víctima que habita la zona insular llegó con el paso de las últimas décadas, especialmente con la agudización del conflicto en periodos anteriores.

• No se han dejado de realizar controles de la densidad poblacional por parte de la OCCRE, tal como lo establece el Decreto 2762 de 1991 y así como por solicitud directa del Gobernador del departamento.

• Según las estimaciones de la Red Nacional de Información -RNI- de la Unidad para las Víctimas, actualmente residen en la isla aproximadamente 350 víctimas del conflicto armado por hechos ocurridos en el territorio continental. Sin desconocer la problemática que puede generar la sobrepoblación en el Archipiélago, el Gobierno nacional no considera que este grupo de personas represente una carga importante frente a la población total que según proyecciones 2005 del DANE se encuentra alrededor de 77.101 mil habitantes.

• En virtud de la protección y garantías de no repetición, se tomó la decisión conjunta de establecer un tiempo límite en el cual se pudiera analizar una solución para las víctimas en el departamento de manera articulada con participación del nivel nacional y departamental, como reposa en las actas de los diferentes espacios de articulación.

• Lo anterior no ha propiciado el ingreso de más personas en condición de víctima a la isla, dado que, como institucionalidad, no se ha desconocido el papel de la Oficina de Control, Circulación y Residencia, ni mucho menos se ha faltado a los elementos normativos fundamentales de la Constitución política.

• Se trabaja para ofrecer garantías a los procesos de retorno voluntario y analizar los casos de quienes ya cuentan con un arraigo cultural en el tiempo en el que se les permitió hacer parte de la comunidad, estableciendo vínculos y obteniendo, en aquellos casos que lo ameriten, permiso de residencia OCCRE.

• El gobierno nacional y departamental reiteran su compromiso con el pueblo raizal y el proceso de consulta previa de su Estatuto, dando cumplimiento al mandato legal de reconocer, respetar y garantizar el derecho a la participación. Estos espacios de diálogo son muestra de la voluntad de ambas partes de garantizar los derechos de la población, fortalecer la democracia y la convivencia.

• La desinformación alrededor de estos procesos, solo buscan desacreditar los avances obtenidos, entorpeciendo el trabajo articulado que solo busca el beneficio y protección de la comunidad, así como el respeto de su cultura y sus costumbres.