A la cárcel concejal de Piedecuesta por lavado de activos que habría favorecido al ELN
Dos personas más habrían participado también en delito para el integrante del grupo armado Yamit Picón Rodríguez.
Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue cobijado y permanecerá el concejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte Díaz, y los hermanos Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla, por ser los posibles responsables de dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos, los cuales habrían sido obtenidos por el extraditado integrante del ELN, Yamit Picón Rodríguez, alias ‘La Concha’.
“Estas tres personas habrían desplegado esfuerzos para administrar y ocultar recursos provenientes de actividades narcotraficantes”, señaló Carlos Enrique Vieda, director Especializado contra el Lavado de Activos.
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El ente investigador indicó que se estableció que el concejal, al parecer, suscribió varios contratos de compra y venta de inmuebles para evitar para evitar que fueran detectadas diversas sumas de dinero que pertenecerían a alias ‘La Concha’.
Se encontraron “transacciones en lavado de activos por 1.705 millones de pesos e incrementó su patrimonio a través de enriquecimiento ilícito por 5.741 millones de pesos, entre 2019 y 2020".
Por otro lado, con la participación de Laura Claro se evidenció que habría ocultado activos superiores a $801 millones y registró un posible enriquecimiento ilícito de $204 millones.
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“Su hermano estaría involucrado en el lavado de más de $2.827 millones durante el periodo de 2013 – 2020, y el posible aumento de su patrimonio sin sustento alguno en $1.122 millones”, agregó el director Carlos Enrique Vieda.
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al concejal de Piedecuesta de enriquecimiento ilícito particulares, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Las otras dos personas fueron imputadas por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Cabe señalar que, además de los delitos de lavado de activos Duarte Díaz cuenta con otros procesos judiciales por prevaricato por omisión, lesiones culposas y concusión.
De acuerdo con al artículo 323 del Código Penal, el concejal podría pagar una pena hasta por más de 15 años de prisión.
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