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De no retractarse públicamente el concejo municipal estará radicando un incidente de desacato en contra del alcalde de Bucaramanga.

Alcalde de Bucaramanga
Alcalde de Bucaramanga
RCN Radio

El documento emitido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga le ordena en primera instancia al alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández, retractarse de sus declaraciones en contra de los concejales del municipio a quienes acusó de haberlo chantajeado para que aprobara sesiones extras para los corporados.

Leonardo Vásquez, asesor jurídico del Concejo de Bucarmanga, aseguró que el mandatario tendrá un tiempo de 48 horas para rectificar sus declaraciones que ocasionaron amenazas de muerte en contra de algunos concejales.

“Celebramos esta decisión porque ya estábamos cansados de las declaraciones desmedidas el Alcalde de Bucaramanga, por eso decidimos ponerle freno con una acción jurídica”.

Argumentó que el mandatario deberá retractarse a través del programa ‘Hable con el Alcalde’ en Facebook en donde el día 20 de febrero aseguró haber sido chantajeado por los concejales quienes según él, llegaron con argumentos bobos a pedir aprobación de sesiones extras.

“Vamos a estar pendiente de que esa orden se cumpla, él deberá hacerlo en un periodo de 48 horas en el mismo escenario en el que acusó a los honorables concejales de chantaje por pedir aprobación de sesiones extras para analizar algunos proyectos”.

Sonia Navas, concejal del municipio aseguró que no es la primera vez que el mandatario se ve involucrado en unas acusaciones sin pruebas, por lo que era necesario aplicar una medida jurídica.

“Yo solo he tenido un preacuerdo con el Alcalde precisamente por lo mismo por acusaciones en mi contra, pero él no puede estar acusando a quien quiera por algo que no puede comprobar al momento que lo hizo”.

De no retractarse públicamente, el concejo municipal en cabeza de su asesor jurídico estará radicando un incidente de desacato en contra del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández quien deberá salir ante los mismos ciudadanos a rectificar las acusaciones en contra de los corporados.

 

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