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Se le investiga por contrataciones
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Por un término de cinco meses, la Procuraduría General de la Nación suspendió del cargo a la alcaldesa del municipio de El Socorro (Santander),  Claudia Luz Alba Porras, por presuntas irregularidades en contratación durante la pandemia por COVID-19.

Para el ente de control, la mandataria suscribió un convenio de asociación radicado con el número 20030103 con la Corporación Rayos de Esperanza para la atención de 120 adultos mayores, a pesar de la medida de aislamiento obligatorio que estaba clara y que los cobijaba, por un valor de $125.756.280.

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Además, según la Procuraduría, la institución con la que se hizo el convenio no contaba con la idoneidad y experiencia exigida para la ejecución del contrato, dada su reciente creación.

Procuraduría le notifica la suspensión del cargo
Procuraduría General de la Nación

Se pretendió justificar la falta de idoneidad y experiencia de la corporación con las hojas de vida de personas que fueron vinculadas al proyecto, sin haber ejercido actividades y trabajos que tuvieran conocimientos especial para el cuidado de los adultos mayores.

Robinson Olarte, representante de la veeduría San Juan Bosco, señaló “siempre hemos esperado que los entes de control actúen y por eso es mejor que se revisen la responsabilidad de la mandataria frente a estas contrataciones, además que esta suspensión sirve para que durante el proceso que se adelanta en su contra no existan cambios en los documentos o existan demás circunstancias que no se puedan demostrar”.

Igualmente, para la Procuraduría la alcaldesa debía asegurar el aislamiento de las personas de la tercera edad y respetar las directrices dadas por ella misma en los decretos para la contención del coronavirus, de las cuales se derivaban en la no contratación de actividades que pusieran en riesgo la vida de los adultos mayores.

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“Nosotros le hemos reclamado a la alcaldesa de El Socorro que los contratos se publicaron cuando ya se habían ejecutado y así es muy difícil hacerle seguimiento a algo que ya ha firmado, contratado y hasta liquidado como ha sucedido en algunos casos”, agregó el veedor. 

El organismo de control, además, mencionó en un comunicado que la conducta de la mandataria había quebrantado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

De igual manera la Procuraduría señaló que la alcaldesa deberá separarse de su cargo de manera inmediata.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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