Campesinos de Catatumbo piden suspender fumigación terrestre de cultivos ilícitos

Los trabajos de erradicación y fumigación terrestre de cultivos ilícitos por parte de la Fuerza Pública en los municipios de Hacarí y Teorama en la zona del Catatumbo, han generado malestar entre las comunidades campesinas y las autoridades locales.

El pasado 20 de julio la Policía y El Ejército Nacional iniciaron con el proceso de erradicación de la hoja de coca en diversas zonas del Catatumbo, como medida para contrarrestar los efectos de estas siembras, las cuales se han incrementado en los últimos meses.

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Ante esta situación, las comunidades se han declarado en asamblea permanente rechazando esta medida y exigiendo al Gobierno Nacional, suspender la erradicación y avanzar en una mesa de diálogos para buscar alternativas de sustitución de cultivos.

"Hoy le pedimos al gobierno que se siente a la mesa con nosotros, no es posible que no avancen en la sustitución de cultivos con otras alternativas, pero si quieren fumigar y erradicar; cómo hacemos para vivir entonces”, expresaron los campesinos en la región.

Los alcaldes de la región, también le envían un mensaje al Gobierno, solicitando la instalación de una mesa de conversaciones con el fin de evitar movilizaciones Campesinas, en medio de la pandemia del Covid-19.

"Es urgente que nos escuche el gobierno, debemos trabajar para que el trabajo del campesino sea digno", indicó Jair Díaz, alcalde de El Tarra.

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Asimismo, se espera que la Gobernación de Norte de Santander, avance con el diseño de una política de sustitución local de cultivos ilícitos

"Antes del inicio de la pandemia de la Covid-19, la Gobernación tenía previsto invertir 20 mil millones de pesos para apoyar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo, a pesar de ser una responsabilidad del gobierno nacional", sostuvo Pedro Durán, secretario de Víctimas del departamento.

Finalmente, el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez, está solicitando a la presidencia la instalación de una mesa de diálogo conjunta y permanente, con la participación de los ministerios del Interior de Defensa y Agricultura, para buscar alternativas económicas a la siembra de cultivos ilícitos en la zona rural.