Comunidad motilón barí exige delimitación de su territorio

Expectantes. Así se encuentran los miembros de la comunidad motilón barí, en la zona del Catatumbo, ante el posible cumplimiento de un fallo judicial, que pondría fin a una petición que vienen realizando desde hace tiempo y es la delimitación de su territorio.

Este clamor de los indígenas los llevó a que el año anterior salieran desde su tierra y se vinieran a Cúcuta, en medio de la situación de covid-19 que enfrentaba la región, para marchar y pedir que la sentencia T052/17 entre la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el pueblo barí, con la que se busca amparar el derecho de las comunidades campesinas e indígenas sobre sus zonas de reserva, se cumpla.

Lea también: Cúcuta será la sede del foro Acuerdo de la Frontera

Este martes se conoció el fallo del Juzgado Quinto Civil de Cúcuta que ordenó la suspensión de la licencia de explotación de carbón a cielo abierto en el corregimiento de La Gabarra y Río de Oro, dos sectores que pertenecen al municipio Tibú.

Esta decisión judicial fue celebrada por parte de las comunidades indígenas como una victoria a la lucha que libran frente a la invasión según ellos de sus territorios.

¿Qué dice la Corte?

La sentencia del 3 de febrero del año 2017 de la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional y demás entidades relacionadas con el tema ambiental, el saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas ubicados en la zona del Catatumbo, esta orden judicial era para su estricto cumplimiento, pero hasta ahora la misma no se cumple.

Le puede interesar: Confirman primer caso de viruela del mono en Norte de Santander

En la decisión, la Corte también ordenó que se adelanten los trámites necesarios para la construcción de la zona de reserva campesina para el Catatumbo, sin que la misma sea realidad por ahora.

Finalmente, los líderes indígenas han denunciado que en su territorio se venían realizando exploraciones del mineral, aunque ellos no han permitido estos trabajos y aún así se les otorgaron las licencias ambientales, esto se realizó sin la consulta previa de las comunidades, lo que ha sido considerado como una violación a sus derechos.