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Mina Carbones de la Caldera - Boyacá
Cortesía

Las comunidades de Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Carmen del Chucurí (Santander), han salido a protestar en la vía Panamericana desde el pasado nueve de enero, para protestar en contra de la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a la empresa Colcco, que habría sido rechazada en varias ocasiones para la exploración minera en la región.  

Ante esa situación, políticos de la región han elevado su voz de protesta para exigirle al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Minas y Energía, la revocatoria de este documento tras advertir un grave el impacto ambiental que tendría la región.  

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La primera en pronunciarse fue la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, quien en conversación con RCN Radio, se mostró en contra de esta licencia y señaló que “este es un mensaje de apoyo hacia la población de la región del Chucurí. No podemos permitir que se realice minería en una zona de tan importante impacto ambiental en la región”.

La congresista agregó que “le solicitó a la ministra de Minas y a la ministra de Ambiente, que por favor revisen los requisitos legales en los cuales se otorgó esta licencia, no podemos poner en riesgo nuestra región”.  

Entre tanto, los congresistas Roberto Daza, Jairo Cala, Cristian Avendaño y Fabián Diaz, remitieron una carta al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y a la dirección de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), para expresar su rechazo frente a la licencia.  

 

 

En el documento expresaron su descontento por no tener en cuenta a las comunidades a la hora de expedir esta licencia ambiental y, sobre todo por no evaluar el daño en los ecosistemas a raíz de la minería de carbón.  

“Esta licencia afecta los ecosistemas estratégicos que las comunidades campesinas que lo habitan han cuidado y protegido, pues son territorios aptos para la producción de alimentos, ricos en agua y biodiversidad", advirtieron.

La carta agrega que "frente a la amenaza real de una gran hambruna mundial que llegará hasta todos los territorios de nuestra geografía, es incoherente y casi un crimen anticipado, destruir territorios alimentarios para favorecer intereses de multinacionales y de sectores intermediarios al servicio del capital extractivista del mundo”.

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Ante las constantes quejas, se pudo conocer que la CAS revisará la licencia FLL-082, al tiempo que rechazó las amenazas de las que han sido víctimas los líderes de las protestas por parte de las autodefensas, quienes pusieron un ultimátum a los pobladores que están en contra de esta explotación minera en la región.  

Fuente

Sistema Integrado de Información

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