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La mayoría había salido de Colombia al ser víctimas de la violencia; en el 2015 fueron expulsados por autoridades venezolanas.

Colombianos Retornados
Foto de Archivo

En la madrugada del 20 de agosto del año 2015 cientos de familias colombianas, que tenían más de diez y quince años viviendo en los municipios de Ureña y San Antonio, fueron expulsadas por las autoridades venezolanas y posteriormente sus casas fueron destruidas.

Inicialmente fueron deportadas 2 .220 personas por el Gobierno de Nicolás Maduro. Según las autoridades venezolanas, estas personas eran responsables del desabastecimiento de distintos productos alimenticios y de colaborar con grupos paramilitares de Colombia.

Ante la presión de la Guardia y Ejército venezolano sobre la población colombiana, muchas familias decidieron retornar a su país de manera voluntaria, por temor a represalias del gobierno de Maduro.

Algunas familias tuvieron la oportunidad de sacar sus enseres, a través del río Táchira o de las distintas trochas y obligados a pagar una cuantiosas suma de dinero a las mismas autoridades venezolanas.

Según el reporte de la Oficina de Gestión del Riesgo, en el mes de agosto del año 2015 atendieron a 20 mil colombianos, que recibieron ayuda en Cúcuta y Villa del Rosario.

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Carolina Contreras es una mujer oriunda de la ciudad de Cali. Vivía en Ureña con su esposo y tres hijos, pero fue deportada por la Guardia Venezolana.

“El día que me presionaron a salir, me vi obligada a dejar a mis hijos y esposo. Ellos son venezolanos; esta división familiar duró tres meses ya que gracias a Dios, de nuevo estamos juntos, con la ayuda del gobierno colombiano".

Aunque Contreras dictaba clases en un colegio de Ureña, ante la falta de empleo ahora cocina tortas y las vende, casa a casa, en la ciudad de Cúcuta.

Contreras relató a RCN Radio que “yo tenía mi trabajo en Ureña. Una vida cómoda, había llegado en el año 2010 buscando refugio, por amenazas de grupos paramilitares que mantenían el control en un sector de Cali”.

Así como Carolina existes cientos de historias de colombianos retornados quienes durante varios años vivieron en Venezuela y se vieron obligados dejarlo todo. Y hoy forman parte de la lista de desempleados en el país.

Aunque en los primeros tres meses Colombia -a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Cancillería, Migración, Bienestar Familiar y otras entidades del Estado- brindó asistencia de ayuda humanitaria, solo fue durante 93 días en la zona de frontera.

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Rafael Villamizar, presidente del colegio de Abogados en Norte de Santander dijo a RCN Radio que ante la expulsión de un gran número de connacionales, interpuso una demanda contra el gobierno de Maduro e informó a la Cancillería de la violación de los Derechos Humanos.

“Me sorprendió que en el gobierno de Juan Manuel Santos esta información llegó a los tribunales de Venezuela, sin lograr nada en favor de la población vulnerable. Con el Gobierno de Iván Duque ya los organismos internacionales realizan la investigación pertinente”, dijo Villamizar.

El exdiputado tachirense y defensor de Derechos Humanos Walter Márquez, habla de “revictimización”, pues asegura que estas familias fueron víctimas no sólo de la represión del gobierno de Nicolás Maduro, sino además de la impunidad en Venezuela, la impunidad en Colombia y de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los colombianos retornados esperan una respuesta por parte de la justicia nacional e internacional, al ser víctimas de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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