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DIAN refuerza los controles cambiarios en la frontera con Venezuela

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Foto Archivo



La DIAN puso en marcha un plan de choque para reforzar los controles cambiarios en la frontera con Venezuela.

El motivo es el elevado incremento de las transferencias de divisas al vecino país. Por eso, señaló la entidad, se harán controles e inspecciones a los Profesionales de Cambio Autorizados, ubicados en Cúcuta.

“Estas visitas de la DIAN buscan identificar si los Profesionales de Cambio Autorizados, están cumpliendo la normativa cambiaria o si, por el contrario, además de infringirla, están incursos en graves delitos como el lavado de activos”, indicó María Pierina González Falla, Directora de Gestión de Fiscalización de la DIAN.

González manifestó que en los últimos días, se ha identificado que algunos de estos establecimientos, y también personas naturales (residentes colombianos o no), vienen realizando grandes volúmenes de transferencias de divisas al vecino país.

“A finales de 2016, el gobierno venezolano anunció y autorizó la apertura de casas de cambio ubicadas en ciudades limítrofes con la frontera colombiana, las cuales transfieren fondos a ciudadanos venezolanos a través de intermediarios del mercado cambiario en Colombia por medio de giros, transferencias y servicios, lo cual se convierte en una violación a lo establecido por el Banco de la República en la Resolución 8 de 2000?, recordó la funcionaria.

Indicó que “iguales prohibiciones tienen las personas naturales y jurídicas que no estén autorizadas para el efecto por las autoridades competentes, como la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Panorama


La DIAN aclaró que el principal riesgo es que los Profesionales de Cambio y las demás personas que realicen estas operaciones incurran en el delito de lavado de activos, al no tener conocimiento del origen de los mismos.

Entre el 2016 y 2017, se adelantaron 63 acciones de control a establecimientos no autorizados, con apertura de investigación.

A la fecha, se han recaudado $365 millones por sanciones de este tipo. Se proyectaron actos sancionatorios por $648 millones y cursan investigaciones por un valor aproximado de $2.000 millones.