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Aproximadamente 500 personas entre trabajadores y contratistas del Hospital Universitario Erasmo Meoz, participaron de la protesta, en las inmediaciones del centro médico, contra la modificación del decreto 020 del 2017, que regula los ingresos por concepto de estampilla pre-hospitalaria.

Juan Agustín Ramírez, director del Hospital Universitario, aseguró que le solicitan a la Asamblea departamental, el retiro de un artículo del año 2004, la cual manifestaba que la plata de la estampilla debería utilizarse para atención a población pobre no afiliada.

"La discusión no es que se lleven la plata para la secretaría de Hacienda, el problema es que no se debe utilizar para lo que dice la ley que es para mejorar en infraestructuras del centro, en recurso humano especializado, medicamentos y demás, por ende vemos que esto es contrario a los intereses del Hospital Universitario" aseguró Ramírez.

Además dijo "En el articulado se plantea, que con recursos de la estampilla se pague población venezolana, por atención a servicios de urgencia, y acá hay que recordar que el gobierno expidió un decreto que indica que la fuente de financiación es el Fosyga, y por ello mal haría el gobierno departamental en quitar esa responsabilidad al gobierno nacional que pasa por alto la región de frontera"  

En lo que respecta a recursos financieros, el director del Huem, señaló que el panorama económica va a empeorar, teniendo en cuenta que no se cuenta con el pago por parte de las EPS y la atención a pacientes venezolanos.

"Si nos quitan el 20 por ciento para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, ya se están llevando más de 4 mil millones de pesos, que no son para la salud; si a eso le agregamos la atención a población pobre no afiliada que es responsabilidad del Estado y alcanza los 8 mil millones, 5 mil millones más por aportes patronales, y los más de 10 mil millones por atención a venezolanos, que le queda al Hospital"   

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Los representantes de La Asociación de pacientes, ha manifestado que los plantones se harán de manera permanente, mientras afirman que no se afectará la prestación de los servicios básicos del centro médico.

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Entre tanto, Juan Alberto Bittar, director del Instituto Departamental de Salud, aseguró que los recursos cercanos a los 7 mil millones de pesos, por concepto de uso de estampilla, no serán destinados para atención a población migrante, teniendo en cuenta que para ello, se está utilizando recursos de población pobre no afiliada, mientras el gobierno gira los dineros prometidos para la región.