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La situación más preocupante se presenta en Tibú, donde en lo que va corrido del año 63 personas han sido asesinadas.

Panorámica de Tibú
Olga Lucía Cotamo RCN Radio

La zona del Catatumbo conformado por 11 municipios, se ha convertido en un lugar de disputa para los grupos armados ilegales por su localización estratégica para las rutas del narcotráfico, el paso fronterizo con Venezuela y por la instalación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, problema que se viene registrando desde hace 20 años.

A estos problemas se suma la ausencia del Estado, es evidente el pésimo estado de las vías, la falta de energía, acueducto, alcantarillado, servicios de salud y educación.

RCN Radio recorrió el municipio de Tibú, en donde el alcalde de la localidad Alberto Escalante dijo que  “nos preocupa, en lo que ha transcurrido del presente año, 63 personas han sido asesinadas con armas de fuego, las autoridades dicen que se trata de enfrentamientos entre los mismos grupos armados, pero para la comunidad es terrible”.

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En el caso de La Gabarra zona rural de Tibú, el temor entre la población es permanente debido a las distintas acciones violentas.

“Nos toca guardarnos temprano en nuestras casas, porque el Eln, Los Pelusos, la Farc y el Clan del Golfo pasan constantemente por nuestras veredas, hay enfrentamientos entre ellos y eso nos da miedo quedar en medio de las balas”,  dijo en dialogo con RCN Radio, Ricardo Contreras campesino de la zona.

"Si esto sigue así se nos va a volver a presentar desplazamientos de gota a gota por que las familias campesinas tenemos temor a que nuestros hijos sean reclutados.

Al problema de orden público, se suma el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a la sustitución de los cultivos ilícitos, en donde "varias familias los consideran como su única alternativa para sobrevivir, pero otras lo hacen por presiones de los grupos armados".

Carlos Rincón es un humilde campesino de 55 años de edad que vive en zona rural del Catatumbo, él habló de su experiencia cuando quiso retirarse de los cultivos ilícitos.

yo abandoné los cultivos de coca, creyendo en los anuncios del Gobierno Nacional, empecé desde hace dos años a cultivar piña y limón, pero lamentablemente el precio que me pagan no es suficiente y el pésimo estado de las vías impide que salgan mis productos de manera normal, no he recibido la ayuda que necesito y estoy pasando necesidades junto con mi familia”.

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La comunidad campesina, expresa que están cansados de escuchar promesas de la clase política de la región y de no tener los servicios básicos como la luz ,el  agua y el alcantarillado, en las distintas veredas de los corregimientos de Tibú, como es el caso de Pachely, Campos Dos y La Gabarra .

Doris Ortega,  es otra de las campesinas que vive en La Gabarra donde se pasan muchas necesidades por falta de los servicios básicos.

"Para que la carne no se dañe siempre le echamos suficiente sal y las verduras toca gastarlas de inmediato, no sabemos nada de noticias, solamente cuando tenemos plata para comprar pilas al radio ya que no hay luz en nuestra vereda”.

Además las acciones violentas han colapsado los servicios de urgencias del hospital San José en Tibú, a donde diariamente llegan heridos por arma de fuego o por pisar campos minados, así lo confirmó Maribel Trujillo gerente de la institución.

Por su parte el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Alberto Acevedo asegura que “frente a la victimización de la población venezolana en medio de estas acciones armadas, aún no se puede establecer la cantidad de migrantes afectados”.

Aunque el funcionario reconoce que la fuerza pública ha retirado “aproximadamente 92 dispositivos explosivos y destruido al menos 55 campos minados entre octubre de 2018 y abril de 2019, aun faltan muchos más”.

Entre tanto, Ecopetrol reporta que este año se han registrado 25 atentados contra el oleoductos Caño Limón Coveñas y se han retirado 760 válvulas ilícitas.

Igualmente, Ecopetrol manifiesta que no existen suficientes garantías en materia de seguridad en Campo Tibú, en donde se ha paralizado la producción de petróleo desde mediados del mes de julio, afectando en materia laboral a 700 personas que viven en la zona y dependen económicamente de ese trabajo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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