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Habitantes de Catatumbo exigen desescalamiento del conflicto.
Nuevo desplazamiento masivo en el Catatumbo, por enfrentamientos entre grupos armados.
Cortesía de campesinos de Catatumbo.

Los resultados del informe sobre la violencia desbordada en el Catatumbo (Norte de Santander), que reveló este jueves la ONG Human Rights Watch (HRW), volvió a poner sobre a mesa la crisis de seguridad que se ha desatado en esta región del país.

Según HRW, grupos ilegales en armas y otros delincuenciales como el ELN, EPL, así como las disidencias de las Farc, actúan permanentemente en la zona, afectando a los cerca de 300 mil habitantes con que cuenta el Catatumbo.

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Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar (organización de Derechos Humanos en Norte de Santander y Venezuela), reveló en diálogo con RCN Radio detalles de la critica situación que se vive en esa región.  

La falta de presencia institucional por parte del Estado, la autonomía que tienen las guerrillas para tomar decisiones al interior de la región y la llegada masiva de migrantes, provenientes en su mayoría de Venezuela para ofrecerse a trabajar en sembrados de cultivos ilícitos, son solo algunas de las problemáticas.  

"Desafortunadamente la problemática humanitaria del Catatumbo, en general del área metropolitana de Cúcuta y la frontera con Venezuela, son muy graves. La situación amerita una respuesta inmediata por parte del gobierno nacional, en especial por la violencia, la intimidación, los homicidios, así como desaparición forzada que se vienen presentando", denunció Cañizales.  

Para el investigador, la situación de orden público no solo está afectando a los habitantes de la región sino también a la población migrante cada día llega en mayor número.  

"La inmensa mayoría de estas personas desconocen las realidades del Catatumbo y por eso han ido migrando a municipios que tienen cultivos de hoja de coca, con la idea de tener un trabajo como ‘raspachines’, o en las cocinas donde les preparan los alimentos a los cultivadores, entre otros", explicó.  

Audio

[AUDIO] Wilfredo Cañizares, director de la Fundación 'Progresar', sobre situación en Catatumbo.

0:27 5:25

Estos ciudadanos, quienes están entrando principalmente por el municipio de Tibú, "han llegado a un territorio controlado fuertemente por las guerrillas que, al ver que no poseen ningún tipo de documento, son detenidos de manera ilegal. En algunos casos desaparecidos e incluso asesinados por parte de grupos como disidencias de las Farc, que han declarado objetivo militar a los migrantes", reveló Cañizales.  

A propósito de la advertencia que hace el informe de Human Rights Watch sobre la falta de jueces en las zonas del Catatumbo, Cañizales señaló que en el municipio de Tibú, por ejemplo, "sólo hay una fiscal local que ha tenido a su cargo 1.200 denuncias de personas desaparecidas y sólo contaba con dos investigadores. Además de tener cerca de 600 casos por otros delitos que se cometieron en la región". 

En ese entendido, el investigador explica que una sola fiscal podría tener a su cargo más de dos mil investigaciones. "Aquí no existe la justicia. Sólo en Ocaña hay alguna infraestructura básica de justicia, pero en el resto los de los municipios no existe y por eso las guerrillas de las Farc y del ELN vienen e imparten justicia", aseguró.  

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Sin embargo en esta zona, según la denuncia, existen varios problemas de fondo. Uno de ellos es la falta de presencia del Estado de manera institucional.  

"Esto suena a lo mismo de siempre; sin embargo es una realidad en los municipios del Catatumbo. No hay un juez que imparta justicia, no hay un comisario de familia que ayude a resolver los conflictos al interior de un grupo familiar. Es el comandante miliciano, el jefe guerrillero quien castiga al esposo que llega borracho y golpea a su esposa y a sus hijos; es la guerrilla la que imponen los castigos, la que abre caminos, la que manda a las personas a trabajar, la que le llama la atención a los estudiantes", precisó.  

La situación es mucho más grave en aspectos como salud y educación. Según Cañizales solo hay un médico por cada 20.000 habitantes. "Aquí hasta este año se está haciendo un concurso público para contratar los profesores que no llegan en enero o en febrero como pasa en todo el territorio colombiano. Aquí no hay ninguna posibilidad de que los campesinos puedan producir algo para sacarlo".  

Lo que sí tiene el Catatumbo, según contó el investigador a RCN Radio, es una alta militarización. "Acá hay más de 15.000 soldados en todos los ingresos y en las carreteras. Hay fuerza pública haciendo empadronamientos, porque siguen viendo a la población campesina como sospechosos, como enemigos".  

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Por eso hizo un llamado al gobierno colombiano a que revise la estrategia en el Catatumbo y de paso el porqué "somos uno de los tres departamentos que más subieron los cultivos de hoja de Coca. Teníamos 29.000 que según nuestras cuentas pueden producir 190.000 kilos, y tenemos al cartel de Sinaloa como el gran comprador de la pasta de hoja decCoca".  

Además, le pidió al gobierno que cumpla los acuerdos de implementación con las Farc y que destine recursos para los proyectos que quedaron hechos por los alcaldes municipales.

 "Aquí están ocurriendo cosas supremamente graves y el gobierno del presidente Iván Duque se equivoca al enviar sólo el incremento del pie de fuerza, sin atacar los problemas reales que existen en la región", puntualizó.

Fuente

RCN Radio

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