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La Fiscalía formuló cargos a siete integrantes de una supuesta asociación de vivienda que habría estafado a cerca de 400 familias, con la promesa de ayudarles a adquirir casa de interés social en San Gil (Santander).

Según el organismo investigador, en las audiencias, la Fiscalía imputó los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal. 

"La investigación permitió establecer que un mismo lote fue vendido hasta tres veces a diferentes personas; y que los proyectos de vivienda ofrecidos no contaban con los permisos de ley. Preliminarmente, se calcula que la defraudación a las víctimas superaría los $5.000 millones", señalaron fuentes de la Fiscalía.

Los procesados por esta millonaria estafa son, Rosembert Alberto Gélvez, presidente de la junta directiva de la asociación de vivienda; Mauricio Hernando Lozano Vesga, vicepresidente; Rosemberg Rojas Pérez, tesorero y vendedor de proyectos; Jefferson Alexander Arguello Carreño, vendedor de lotes y recaudador de dinero; Alonso Rodríguez Castillo, vendedor de lotes y recaudador de dinero;  Expedito Acelas Mejía y Sergio Dueñas Arenas.

La Fiscalía informó que durante las indagaciones se conoció que la asociación de vivienda fue creada a finales de 2010, y usaba distintos nombres para generar mayor credibilidad y confianza entre los compradores, a quienes presuntamente también les prometieron facilidades para acceder a los subsidios otorgados por el Gobierno.

Por esos hechos, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.
 

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