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Monseñor Gabriel Ángel Villa, obispo del municipio de Ocaña, Norte de Santander, aseguró que los habitantes de la región del Catatumbo "están secuestrados en sus propias casas" como consecuencia de la amenaza armada que sostienen el ELN y el EPL.

En diálogo con RCN Radio, Monseñor Villa indicó que "las personas están secuestradas propiamente en sus casas y las personas que se atreven a salir son intimidadas por motorizados que les dicen 'hay que cumplir la orden de paro', simplemente no pueden salir o abrir los establecimientos comerciales".

Monseñor solicitó a estos grupos armados alejar a la población civil del conflicto, "porque ellos son los más afectados en este momento" y reiteró que los habitantes de los municipios del Alto Catatumbo "no pueden salir de sus casas, están confinados, el comercio sigue cerrado, hay niños y adolescentes que no han vuelto a clase, se calcula que son unas 40 mil personas afectadas".

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Entrevista a Monseñor Gabriel Ángel Villa

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Según Monseñor Gabriel Ángel Villa, es necesario que el Gobierno realice "una intervención social muy grande, sobre todo con vías de comunicación, en el agro y atención fuerte en las zonas más apartadas (...) son cosas de fondo que esperemos que se solucionen".

Para el sacerdote, las autoridades no dimensionaron la situación porque "se creía que había enfrentamiento en las calles, era una situación silenciosa hasta que tuvo este momento de mayor dificultad".

Dijo que "se necesita una respuesta a esta crisis humanitaria que es grave" y espera que "haya una respuesta inmediata a la emergencia, sobre todo que haya solución para declarar las escuelas libres de este conflicto", sostuvo Monseñor Villa.

El ELN y el EPL se declararon la guerra hace más de un mes por el control de las rutas de la coca en el Catatumbo, región selvática fronteriza con Venezuela.

Los combates entre el ELN y el EPL han provocado, según señaló el viernes la oficina de la ONU en Colombia, el desplazamiento de 2.819 personas y que otras 144.000 se enfrenten con "graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad".

El problema se ha agravado por la amenaza armada decretada la emana anterior por el EPL, con el que buscan restringir mediante amenazas el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio.

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