Líderes ambientales anuncian que seguirán luchando para que se prohíba el fracking

Preocupados están los ambientalistas en Santander, especialmente en el municipio de Puerto Wilches, en donde permanentemente han manifestado su rechazo frente al fracking en Colombia.

Por eso, ahora con esta decisión del Consejo de Estado, los líderes señalan que se está ignorando lo que menciona la literatura científica frente a los daños que producen estos proyectos.

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“Esta es una discusión que lleva tres años en el alto tribunal que, finalmente, dejó en firme un decreto y una resolución del Gobierno que no dejó en firme normas que abren la puerta al fracking. Ellos dicen que no prueban que sea una actividad riesgosa, o que genere algún tipo de daño al medioambiente”, manifestó Oscar Sampayo, líder ambientalista.

Esto quiere decir que es una decisión que resulta peligrosa en el contexto de la crisis climática, según explican los ambientalistas.

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“Es que además, no es solo el daño que le puede realizar al medioambiente, es que se eleva el riesgo de que la implementación del fracking están en riesgo y está generando a la defensores y defensoras ambientales del Magdalena Medio, un territorio que ha sufrido más de un siglo de explotación petrolera”, agregó Sampayo.

Por su parte, en un comunicado la Alianza Colombia Libre de Fracking indicó que reciben con preocupación la decisión, por el riesgo del daño irreversible que representa esta técnica experimental para el ambiente, la salud y la integridad humana.

Líderes santandereanos continuarán luchando para que se prohíba el fracking en Colombia. “Seguiremos insistiendo ante el Congreso de la República para que se prohíba definitivamente el fracking en el país. También estaremos acompañando las acciones de movilización social de las comunidades y las iniciativas que emprenda el nuevo Gobierno Nacional”, puntualizó.  

Cabe señalar que esta decisión se da por la Sección Tercera del Consejo de Estado que dejó en firme el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, en la cual cinco magistrados votaron a favor y tres se opusieron.