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Archivo RCN Radio

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que luego de detectar que, carne de caballo y de burro habría sido distribuida a algunos operadores del Plan Alimentación Escolar (PAE) en Santander, puso en marcha una nueva fase investigativa. 

Indicó que las indagaciones permitieron identificar a cuatro personas señaladas de realizar la misma actividad ilegal con entidades públicas, como lo son: un batallón, la cárcel Modelo, plazas de mercado y comercio informal en Bucaramanga. 

De acuerdo con la información oficial, las cuatro personas involucradas en este hecho y que ya fueron judicializadas, compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la región Caribe, y con guías de movilización falsas o alteradas los transportaban a un matadero clandestino en el sector La Feria, en Bucaramanga. 

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Agrega la Fiscalía, que al parecer, en este lugar sacrificaban los animales en condiciones de salubridad precarias y los residuos sólidos y líquidos eran arrojados indiscriminadamente a un distrito regional de manejo integrado, la cual era una zona protegida y de reserva ambiental. 

Señaló además que en varias diligencias en el área, fueron encontrados esqueletos y vísceras; y se constató el grave e irreversible daño ocasionado al suelo, la vegetación y la fauna. Precisa la Fiscalía que el material de prueba apunta a que la carne obtenida en el matadero de La Feria habría sido comercializada en diferentes escenarios.

De igual manera, se determinó que el producto, presuntamente, era tratado con químicos para modificar la contextura, intentar hacerlo más blando y darle un color rojizo. Luego, lo empacaban y distribuían como si fuera de res. 

Los cuatro presuntos implicados en esta conducta fueron capturados en diligencias realizadas por la Fiscalía y unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

La información oficial señala que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de: concierto para delinquir, daño a los recursos naturales agravado y corrupción de alimentos.

Los cargos fueron aceptados por los procesados. En ese sentido, la juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia. 

 

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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