Procuradora alertó aumento de cultivos ilícitos en Norte de Santander

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, estuvo en Cúcuta donde hizo un llamado a las autoridades regionales para que atiendan la alerta sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas, SIMCI, en relación con el aumento y concentración de cultivos ilícitos en zonas de frontera con Venezuela.

Datos entregados en el más reciente informe SIMCI, Norte de Santander es la segunda zona del país que presenta mayor áreas cultivadas con hoja de coca por su cercanía con Venezuela, que ha resultado atractiva para varios grupos armados ilegales, entre los que se encuentran estructuras internacionales que se disputan el control social y las rutas del narcotráfico.

Durante su intervención en el Espacio Regional para la Promoción de los Derechos de líderes y lideresas sociales, capítulo Catatumbo, organizado por la Entidad, la procuradora analizó los riesgos que trae para las comunidades esta proliferación.

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"La concentración de cultivos trae consigo un aumento en diferentes variables", dijo la funcionaria. 

Para la funcionaria, "estas actividades ilegales incrementan las minas antipersonales, municiones sin explosionar y los artefactos explosivos improvisados aumenta la probabilidad de violación de derechos humanos por, entre otras cosas, el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales y, evidentemente, se termina promoviendo la corrupción y la violencia”, explicó la jefe del Ministerio Público.

Durante su actividad con líderes sociales y autoridades de los municipios del Catatumbo, entre los que se encuentran Sardinata, Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, Teorama, San Calixto y Tibú, la procuradora llamó la atención sobre el bloqueo institucional que se registra en la zona, donde el Estado no ha podido recuperar su presencia y control en los territorios disputados por grupos ilegales generando incertidumbre, inseguridad alimentaria, más cultivos ilícitos, corrupción y miedo a denunciar por parte de líderes y lideresas.

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"Los riesgos contra estas comunidades aumentan, como lo ha registrado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en más de 19 oportunidades. Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto. En general, encontramos grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección”, apuntó Cabello Blanco.

La procuradora aseguró que la Entidad participa en este y otros escenarios en aras de exigir la protección de los líderes y lideresas sociales y que las autoridades competentes orienten su gestión hacia la superación de las amenazas.

Reiteró, además, que el Ministerio Público verificará rigurosamente el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley, so pena de iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.