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El Ministerio Público le solicitó al operador que ordene inmediatamente un cierre técnico del sitio de disposición final.

El cierre fue ordenado por un Juez el próximo 31 de enero.
Foto: RCN Radio.

Un plazo de tres días le dio la Procuraduría General a las administraciones locales de 15 municipios de Santander para que den a conocer el plan de contingencia y evitar una emergencia ambiental derivada del cierre del relleno sanitario 'El Carrasco' que se adelantará el próximo 31 de enero.

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Según el Ministerio Público, dicho plan deberá garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de aseo, para así evitar consecuencias de orden sanitario y ambiental que vulneren los derechos a la salud, la vida y al goce de un ambiente sano.

El director de la CAR de Bucaramanga, Martín Camilo Carvajal señaló que la sentencia del juez es contundente en torno al cierre y debe acatarse en forma inmediata.

Los alcaldes que fueron llamados por el ente de control son Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Lebrija, Rionegro, El Playón, Charta, Suratá, Betulia, Santa Bárbara, California, Matanza.

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Además Los Santos, Tona y Zapatoca, los cuales deberán dar cumplimiento al mandato del Juzgado Quince Administrativo, en torno al cierre del sitio de disposición final de los residuos.

La Procuraduría además le solicitó al operador del relleno EMAB, Empresa Municipal de Aseo, que de inmediato ordene un cierre técnico del sitio de disposición final con el fin de evitar los impactos de carácter sanitario y ambiental.

Los mandatarios además deberán presentar un informe de las acciones adelantadas para darle solución definitiva a la disposición final de residuos sólidos ordinarios.

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El ente disciplinario advirtió que de no ponerse en marcha de manera inmediata las acciones para la disposición final de residuos, los habitantes de Bucaramanga y de los 15 municipios beneficiarios del relleno se verían amenazados por graves consecuencias sanitarias y ambientales. 

Asimismo, recordó que la imprevisión, omisión y falta de planeación de las empresas de servicios públicos domiciliarios podría tener implicaciones disciplinarias.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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