El proyecto de ley 127 de 2015, el cual buscaba que las madres comunitarias tuvieran contratos directos con el Estado a termino indefinido y garantizar los derechos a salud, pensión y riesgos profesionales, fue objetado por el presidente Juan Manuel Santos, quien lo declaró inconstitucional.

Dentro de los argumentos que presentó el presidente para objetar la ley está que generaría un incremento en las finanzas públicas, ya que habría un aumento de $769 mil millones, al pasar de 6 mil a 61 mil madres comunitarias contratadas por el Estado a través del ICBF. (Lea aquí: Objetar ley de madres comunitarias es miserable por parte de Santos: Autor)

De hecho, el presidente recordó que el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de las finanzas públicas, dio concepto negativo a esta ley por el impacto fiscal para el país.

Otro de los argumentos que presentó el presidente, Juan Manuel Santos, para objetar la ley es que se excluiría a otros tipos de entidades que prestan el servicio de atención integral a la primera infancia, como por ejemplo las Cajas de Compensación Familiar, ya que todo estaría a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Otro de los argumentos que dio el Gobierno es que el Congreso no tiene la facultad de modificar las entidades sin el consentimiento del Ejecutivo, por lo que esta ley modificaría las funciones del ICBF.

Asimismo el Gobierno aseguró que desde 2014 las madres comunitarias ya reciben un salario mínimo y gozan de protección laboral a través del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar.

Salarios de las madres comunitarias no se verán afectados: Cristina Plazas La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, sostuvo que esta objeción no va a afectar los actuales salarios de las 79 mil madres comunitarias del país. “Quiero dar un parte de tranquilidad a los colombianos, que la objeción al proyecto de ley no va en contravía a sus derechos laborales, desde 2014 se aprobó una ley que cobija a las madres comunitarias, un contrato de trabajo con todas sus prestaciones laborales, salud, educación, vacaciones, cesantías y primas", afirmó Plazas. La directora del ICBF indicó que lo que busca el proyecto de ley es que las madres comunitarias se conviertan en funcionarias públicas, “lo que quiere decir que habrán 64 mil nuevas plazas de trabajo en el Instituto”, lo que le costaría al Estado más de 800 mil millones de pesos, “con ese dinero atenderíamos a 400 mil niños más”.