El presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que eliminaba el pago de reconexión de servicios públicos para estratos 1, 2 y 3, al considerarla inconstitucional.

De acuerdo con la oficina jurídica de la Presidencia, uno de los argumentos para objetar esta ley es que “excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que incurren las empresas por tales conceptos”.

Además, el presidente consideró que vulnera el artículo 367 de la Constitución Política el cual dice que “la ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.

De hecho, el Gobierno aseguró que las empresas "sí incurren en gastos cuando se ven en gastos operativos, técnicos y administrativos cuando se ven abocadas a efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor, como lo es la mora en el pago”.

Por otro lado, desde la Casa de Nariño se argumenta que los deudores morosos están en la obligación de ponerse al día y si se aprueba esta ley sería “premiar” a las personas que no pagan a tiempo.

“La exoneración del pago por concepto de reconexión y de reinstalación vulnera el principio de solidaridad, pues constituye un factor de inequidad en el reparto de las cargas públicas, en detrimento de las personas que asumen oportunamente sus obligaciones, incluidas las de menos ingresos”, dice uno de los argumentos de la Presidencia.

De esta manera el Congreso deberá decidir si acepta o no las objeciones del presidente; en caso que no las acepte, esta ley pasará a revisión de la Corte Constitucional, pero en caso de que sí lo haga, se hundiría.

Es por esto que por el momento los hogares de estratos 1, 2 y 3 deberán seguir pagando por la reconexión de los servicios públicos.

Congreso rechazaría estas objeciones  En el Congreso de la República no cayó muy bien que el presidente Juan Manuel Santos haya objetado, por vicios de constitucionalidad, la ley que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios para estratos 1, 2 y 3. (Lea aquí: Congreso puede mejorar la ley de reconexión de servicios para no afectar a distribuidores: Asocodis) Según el senador Mario Fernández, ponente de la iniciativa, los legisladores no aceptarían las objeciones del jefe de Estado y enviarían su texto a la Corte Constitucional para que tome una decisión definitiva sobre la norma. Los impulsores creen tener los votos suficientes para rechazar los argumentos presentados por el presidente de la República. “Quien no va a estar de acuerdo en favorecer a la gente de los estratos más bajos, quien piensa que una persona del estrato 1 o 2 deja de pagar el agua o la luz por capricho, nadie piensa que estas personas van a querer un día de su vida sin estos servicios básicos”, señaló. Y añadió: “Este es un tema de no tener capacidad de pago, es un tema de bajo ingreso y de extrema pobreza”. El presidente del Partido de la U, Armando Benedetti, también respalda la idea de rechazar los argumentos presentados por la Casa de Nariño y seguir impulsando la eliminación del cobro por reconexión de servicios públicos. "No estoy de acuerdo con que se cobre la reconexión de los servicios públicos, seguiré apoyando esta propuesta, no importa que el presidente objete la ley", manifestó. Si el Congreso acepta las objeciones presidenciales, el proyecto se hunde. Si no las acepta, la iniciativa va directamente a estudio de la Corte Constitucional que es la que tendrá la última palabra. Si el alto tribunal le da su visto bueno, el Gobierno tendrá que sancionar la ley, o de lo contrario lo podría hacer el presidente del Congreso. Fuentes de la Superintendencia de Servicios Públicos dijeron a RCN Radio que están a la expectativa de lo que haga el Congreso de la República con la ley que exonera a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de tener que pagar la reconexión de los servicios. Las fuentes señalaron que una de las polémicas que causó la ley es que el costo de esta reconexión recaería en las empresas distribuidoras de energía. "Ahora el paso es esperar hasta el 16 de marzo para mirar la decisión que tome el Congreso sobre el futuro de esta iniciativa", recalcaron las fuentes.