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Congresistas denunciaron que incluso los niños más necesitados en Chocó deben repartirse una ración de huevo para dos y dos muslos de pollo para 40. En un debate de control político, realizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo aseguró que en los programas de alimentación del Gobierno en zonas como Chocó, Atlántico y Guajira, se minimizan raciones de comida para los niños pobres. El Senador Orlando Castañeda, del Centro Democrático, realizó un informe con cifras alarmantes sobre la situación de los recursos para la nutrición de la niñez y relación de corrupción en zonas de mayor vulneración. “La Contraloría General entregó un informe a diciembre de 2014 sobre los contratos de alimentación del Programa de Alimentación del Gobierno (PAE) en Chocó. Los contratos no son claros, hay inconsistencias e incertidumbre”, indicó Castañeda. Reportó que la “incertidumbre es de unos 3 mil millones de pesos”. Aseguró que no es clara la relación del uso de esos dineros con el beneficio de alimentación de los pequeños en Chocó. “No hay certidumbre de los recursos de alimentación de los niños del Chocó, porque todo esto pasa mientras 40 niños se reparten dos muslitos de pollo para el almuerzo, es indignante que no exista claridad en el uso de los recursos de un departamento tan pobre como Chocó”, afirmó. Entre tanto, María Cristina Hurtado, defensora delegada para la Infancia de la Defensoría del Pueblo, aseguró que esta entidad prepara un informe que será presentado la próxima semana sobre las inconsistencias de los programas de alimentación del Gobierno. “Hicimos pruebas de alimentos a varios centros de educación en el Atlántico; allí la Secretaria de salud encontró el 78% de contaminación en la muestra de comida”, sostuvo Hurtado. Añadió que “en Chocó y en Guajira no existen laboratorios para saber si existen bacterias en la comida; debemos preguntarle al país para saber si está preparado para entregar alimentos a los niños. Si no está preparado, entonces no debe entregar alimentos en zonas de contaminación como lo hemos visto”, indicó la defensora delegada para la Infancia. Señaló de manera crítica que Colombia “está jugando con la vida de los niños y niñas”, por eso urge al Gobierno revisar y realizar mayor control a los operadores de alimentos en estas regiones del país. Castañeda afirmó que las raciones de comida de estos programas de alimentación del gobierno han decrecido. Reportó que se pasó en el año 2010 de 180 raciones anual por niño a 177 raciones en 2014. “Esto evidencia un detrimento patrimonial y corrupción; los recursos están, pero no llegan a los más necesitados”.