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Karen Abudinen, ex ministra de las TIC
Karen Abudinen, ex ministra de las TIC
Cortesía: Ministerio de las TIC

El presidente de la Red Nacional de Veeduría Ciudadana Bien Común, Henry Anaya, aseguró que antes, durante y después de que se firmara el contrato con Centros Poblados, lanzaron alertas al Gobierno Nacional por presuntos hechos de corrupción.  

En diálogo con RCN Radio, Anaya explicó que “nosotros realizamos tres alertas. Le dijimos a la exministra Karen Abudinen que investigara y verificara las empresas que se habían presentado para el contrato. Pusimos la alerta de que creíamos que había empresas investigadas”.   

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“La segunda alerta fue más concreta ya que empezamos a decir nombres de los que hoy están detenidos. Incluso, entregamos en un documento radicado en el despacho del MinTIC los celulares de dónde salieron y se recibieron llamados del Ministerio”, agregó.   

En esa misma línea, manifestó que la tercera alerta fue tan pronto el Ministerio adjudicó el contrato. “Nosotros pasamos el 17 de diciembre una solicitud de revocatoria porque sabíamos que no había capacidades técnicas ni financieras para cumplir con el contrato”.   

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[AUDIO] Henry Anaya, de la red de Veeduría Ciudadana y el Bien Común, sobre denuncia en la corte contra varios congresistas

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El exviceministro de Conectividad, Iván Mantilla, participó y ayudó en modificaciones para que se adjudicara el contrato a Centros Poblados. Él salió del cargo en febrero, pero nunca se supo las razones. Adicionalmente, era cuota política de un senador liberal que es Mauricio Gómez Amín”, señaló. 

El presidente de la Red Nacional de Veeduría Ciudadana Bien Común mencionó que las investigaciones que se están realizando revelarán información adicional y también daría a conocer nuevos nombres involucrados.   

“Nosotros no alcanzamos a hacer la alerta que estaban involucrados los del Carrusel de la Contratación, pero notamos el problema y alertamos. Desde el primer momento le dijimos a ministra que había antecedentes graves de corrupción”, resaltó.   

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Anaya concluyó “la primera alerta fue el 23 de noviembre y llegó al despacho de la ministra Abudinen. La segunda fue en audiencia, es decir, los primeros días de diciembre y también vuelvo y le pido a la ministra que indague. La tercera alerta se dio exactamente entre el momento que cualquier puede solicitar un acto para adjudicar el contrato”. 

Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra cuatro congresistas por el escándalo relacionado con la adjudicación del billonario contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados. 

Los congresistas que están siendo indagados por la Corte Suprema en ese escándalo son: Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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