Germán Córdoba, exvicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y actual secretario general del partido Cambio Radical, rindió declaración ante la Fiscalía General en la investigación que se adelanta por las irregularidades que se habrían presentado en la aprobación del otrosí del proyecto vial de la Ruta del Sol III.

Fuentes judiciales indicaron que el nombre de Córdoba supuestamente aparece relacionado en la indagación que adelanta la Fiscalía por una serie de reuniones que habría sostenido Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, con funcionarios de alto nivel de a ANI.

La información sobre dichos encuentros habría sido confirmada por parte de Juan Sebastián Correa, exasesor de la ANI, quien actualmente enfrenta un proceso penal por este caso. Correa es uno de los testigo clave de la Fiscalía en este escándalo tras firmar un preacuerdo.

De acuerdo con el testigo, Germán Córdoba, se habría reunido con Prieto en 2015 para analizar el caso de la concesión del contrato de la Ruta del Sol III.

Es de recordar que por este este capitulo del caso Odebrecht, la Fiscalía le imputará cargos el próximo 26 de febrero a Roberto Prieto por su presunta responsabilidad en tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

Para la Fiscalía, el exgerente de la campaña presidencial habría influido de manera determinante ante la ANI con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato (Magdalena) en ese proyecto.

De acuerdo con los investigadores, la gestión de intermediación habría estado condicionada a que los estudios y diseños del citado puente quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió.

“Por dicha gestión Roberto Prieto Uribe habría obtenido el pago de 650 millones de pesos, a través de la empresa Megaland S.A.S., que emitió una factura para la viabilidad de ese pago, por un concepto carente de sustento, según obran elementos materiales probatorios recaudados por la comisión de fiscales”, indicó la Fiscalía.