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La institución estaba revisando observaciones de la Procuraduría, Colombia Compra Eficiente y los proponentes.

Carlos Mario Estrada, director del Sena.
Carlos Mario Estrada, director del Sena.
Cortesía: Twitter @SENAComunica

Desde este lunes se retomó el criticado proceso de licitación que adelanta el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para contratar el soporte tecnológico y de comunicaciones en todo el país, por más de 720.000 millones de pesos, razón por la que se ha catalogado como el más grande de Latinoamérica en materia de tecnología

La suspensión se dio para que la entidad tuviera en cuenta las advertencias que hizo la Procuraduría, Colombia Compra Eficiente y los proponentes, e hiciera modificaciones. Sin embargo, aún no se conoce si el proceso continúa como estaba planteado desde el inicio, es decir sin ninguna modificación, o si por el contrario se tuvieron en cuenta las recomendaciones

En contexto: Sena suspende polémica licitación pública por recomendación de la Procuraduría

Una de las advertencias hechas por los proponentes indica que en el proceso licitatorio hay solicitudes muy específicas que son casi imposible de cumplir en el tiempo estimado, lo que llevaría a que se presente un único proponente.

Otro de los desacuerdos mencionados señala que se piden equipos específicos para innovar la tecnología del instituto que, según testimonios, terminaría beneficiando a la compañía Huawei. 

La licitación buscaba modernizar servicios como energía eléctrica renovado, redes de internet, telefonía fija y móvil, centro de datos y seguridad, entre otros, para las 33 sedes y 117 centros de esa entidad en todo el país. 

Lea también: Admiten demanda contra el Sena por polémica licitación para modernizar la entidad

Recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra el Sena, la compañía Huawei y la Universidad Nacional, con la cual se busca suspender el proceso de licitación para que se modifique, atendiendo las observaciones de la Procuraduría y de los oferentes.   

La demanda, que fue interpuesta por la Fundación Derecho Justo, tiene como objetivo "evidenciar la presunta violación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, a la libre competencia económica y el acceso al servicio público de educación, y a que su prestación sea eficiente y oportuna". 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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