Superindustria ordena a Google cumplir con política de protección de datos
Esa entidad señaló que la compañía norteamericana incumple en un 52% con los requisitos exigidos en Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden de obligatorio cumplimiento a la empresa Google LLC, para que implemente medidas acordes con la normatividad colombiana en materia de Habeas Data.
De acuerdo con esa entidad, la decisión se tomó tras determinar que la Política de Tratamiento de la Información (PTI) que maneja esa compañía, incumple en un 52,63% con los requisitos que exige la regulación colombiana.
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De la misma manera, la Superindustria pudo establecer que Google recolecta datos personales de los usuarios colombianos, a través de una herramienta que se instala en dispositivos móviles y computadores ubicados en el país.
En ese sentido, la Superindustria pidió claridad a la compañía norteamericana con relación al tratamiento de datos personales y la finalidad para los que se usan los mismos.
De acuerdo con la SIC, Google LLC como responsable del tratamiento de datos sensibles de los usuarios, "deberá conservar prueba del cumplimiento de lo anterior y cuando se le solicite entregar copia de esta".
De la misma forma, la entidad aseguró que Google debe poner sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La compañía norteamericana también deberá acreditar el cumplimiento de estas órdenes, a" través de una certificación emitida por una empresa independiente".
La Superindustria advirtió que el incumplimiento de estas órdenes acarrea investigaciones administrativas y sancionatorias, además de multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
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Cabe mencionar que recientemente esa entidad pidió varias explicaciones a las plataformas digitales que fueron puestas en marcha en medio de la emergencia por la propagación del coronavirus en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, por presuntas violaciones a al ley de Habeas Data.
La SIC concluyó que con dichas explicaciones, se busca establecer si alguna de las preguntas o datos requeridos por las Alcaldías, viola la ley de protección de datos personales.
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