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Foto Cortesía Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud, en el marco de la Rendición de Cuentas, afirmó que en el último año cerca de 1.8 millones de usuarios fueron trasladados de EPS luego que se ordenara la revocatoria total de 3 EPS (Ambuq, Comfacundi y Comfamiliar Cartagena) además de la salida de Medimás en 4 departamentos.

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El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal afirmó que estas decisiones se tomaron luego que se evidenciara un deterioro progresivo de sus indicadores que ponían en riesgo la salud de los afiliados.

“Recientemente, también se ordenó la toma de posesión de la EPS Coomeva para salvaguardar la adecuada atención de sus afiliados en todo el país y se aprobó el retiro voluntario de Comfanariño”, indicó.

Agregó que mediante 3.289 acciones de inspección y vigilancia, visitas y auditorías hechas desde el primer día de la pandemia se ha luchado por mejorar la atención en las EPS, los operadores logísticos, los dispensarios de medicamentos, los puntos de atención al usuario además de las clínicas y hospitales.

“En materia de protección, en el último año la Superintendencia atendió más de 2.2 millones de solicitudes a través de sus canales, de las cuales más de 1.3 millones correspondieron a requerimientos de información y las restantes 928.114 fueron peticiones quejas, reclamos o denuncias (PQRD)”, dijo.

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Subrayó que de estas PQRD, 267.000 fueron de adultos mayores, más de 72.000 de pacientes de alto costo, 122.000 por temas relacionados con covid-19 y más de 1.200 relacionadas con la vacunación.

“Los principales motivos de las quejas fueron las demoras en la asignación de citas de medicina especializada y en la entrega de medicamentos”, afirmó.

Aristizabal explicó que a través de la figura conocida como el Juez de la Salud, la Superintendencia emitió en el último año 3.316 sentencias.

“La mayoría de estas decisiones posibilitó a los usuarios acceder a tecnologías, tratamientos, operaciones quirúrgicas, servicios y medicamentos que los prestadores o aseguradores les negaban”, manifestó.

El Superintendente Nacional de Salud destacó que la entidad tiene bajo medida de intervención administrativa 15 hospitales públicos localizados en diferentes regiones del país y uno más en medida de vigilancia especial, los cuales tenían situaciones financieras muy difíciles.

“De estos, siete han sido intervenidos desde que inició la emergencia sanitaria por la covid-19: San Rafael de Leticia, Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, el Sandiego de Cereté, el Emiro Quintero Cañizares de Cúcuta, El San Marcos de Sucre, el Hospital Local de Cartagena y el San Francisco de Asís en Chocó”, destacó.

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En las mesas de flujo de recursos y las jornadas de conciliación extrajudicial en derecho, en el último año, el oxígeno financiero para las IPS fue por más de 1.1 billones de pesos.

Mientras que en materia de vigilancia al Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, la Supersalud confirmó la creación de un ‘grupo élite’ de 80 profesionales que se desplegaron por todo el territorio nacional verificando que los prestadores, aseguradores y las entidades territoriales cumplieran con los lineamientos y responsabilidades asignadas por el Gobierno nacional para el proceso de vacunación.

“Resultado de esto, se generaron 1.205 alertas de carácter preventivo que fueron puestas en conocimiento de los vigilados. De estas, ya se ha subsanado el 65%, de acuerdo a los resultados del segundo ciclo de visitas que avanza a lo largo del territorio nacional”, señaló.

Finalmente destacó que a la fecha, se han presentado 158 nuevas alertas para las EPS, IPS y Secretarías de Salud en el país.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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