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Contraloría
Contralor Carlos Rodríguez
Cortesía

La Contraloría General de la República sostuvo que inició un proceso de responsabilidad fiscal, por valor de $21.000 millones de pesos, por el daño al patrimonio público, causado por irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de obra suscrito para la reconstrucción del acueducto de Mocoa.

A la fecha, el contrato presenta incumplimiento y la obra no presta servicio a la comunidad. Además, el ente de control inició una indagación preliminar por las irregularidades evidenciadas en la ejecución de un convenio interadministrativo por un valor de $53.646 millones, que pretendía la reconstrucción de viviendas, luego de  la declaratoria de situación de calamidad pública de Mocoa en 2017.

Este contrato fue suscrito entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Contratista Consorcio Mocoa 2019.

La Contraloría estableció que, a la fecha, solamente se ha ejecutado un 5% del total de la obra, afectando a 909 familias con un retraso injustificado de más de 5 años en las obras de construcción de viviendas de Sauces II (etapas I y II).

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El valor inicial del daño del presunto daño al patrimonio público por esta situación es de $5.748 millones, correspondiente al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de Mocoa.

Dichas ayudas se han dado por incumplimientos que han impedido la culminación del Proyecto de Vivienda Sauces II.

Por otra parte el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre los graves atrasos que persisten en varias obras que hacen parte del programa: Reconstrucción de Mocoa, como el proyecto de vivienda Sauces II, el Megacolegio de Mocoa, la Plaza de Mercado, la reconstrucción y mejoramiento del sistema de acueducto, la construcción del centro penitenciario y la ampliación y mejoramiento del Hospital.

Además, consideró muy preocupante que a la fecha, y luego de casi seis años de haber ocurrido la tragedia, las obras de protección y mitigación de riesgos en los cauces de ríos y quebradas no hayan sido terminadas.

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Entre tanto, el Contralor sostuvo que, pese al riesgo latente y a la advertencia emitida por la CGR, desde hace casi un año, no se han iniciado las obras correspondientes a la zona alta de los Ríos Mulato y Sangoyaco y de la Quebrada Taruca, indispensables para el funcionamiento integral y adecuado de todo el sistema de mitigación de riesgos de crecientes y avalanchas.

El contralor Rodríguez Becerra requirió al Gobierno nacional y, particularmente, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que, en su calidad de gerente del Programa de Reconstrucción de Mocoa, prontamente gestione lo necesario y suficiente para que todas estas obras se inicien, ejecuten y terminen adecuadamente y a la mayor brevedad posible.

“Tiene que ser una prioridad poner en servicio todas las obras requeridas para una adecuada mitigación de los riesgos de avalancha y desbordamiento de los ríos y quebradas que circundan el municipio de Mocoa y son críticas para prevenir la ocurrencia de una nueva tragedia”, agregó.

Finalmente, la Contraloría sostuvo que se profirió fallo con responsabilidad fiscal, por $410 millones, contra exalcalde de Puerto Asís, por relleno sanitario que no se construyó.

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La obra no se construyó, debido a que se proyectó en un lugar con prohibición expresa en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico de Puerto Asís, sin embargo, el ente de control afirmó que se pagaron $324 millones por concepto de anticipo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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