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Aseguró que la cifra que conocen es la que entrega Medicina Legal, pero advirtió que padres de niños reclutados tienen temor de denunciar.

Operativos militares
Operativos militares.
Colprensa

El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, afirmó que no cuenta con información adicional que permita confirmar o descartar que el número de menores que perdieron la vida en el bombardeo de las Fuerzas Militares hace algunos meses en esa zona del país es de 18 y no de ocho, como se informó en las últimas horas.

Aseguró que no obstante la cifra oficial de ocho menores muertos que entrega Medicina Legal, esta “podría ser” mayor ya que “estos jóvenes son presa fácil de reclutamiento de esos grupos armados”.

“Yo creo que podría ser (…) Es importante profundizar en esta información para que se esclarezca bien lo sucedido”, señaló el mandatario local en entrevista con RCN Radio.

Más enNo hubo persecuciones tras bombardeo en Caquetá: FF.MM.

La respuesta se desprende luego de que se conocieran nuevas informaciones relacionadas con la operación adelantada el 29 de agosto en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá), tras la cual oficialmente se reportó 15 personas muertas producto de un bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc.

Por medio de un comunicado hace algunos días, la Fiscalía -en conjunto con el Instituto de Medicina Legal- indicó que se identificaron por medio de labores forenses 15 cuerpos, de los cuales 10 ya habían sido entregados a sus familiares previa autorización.

“Los análisis médico legales aún no han concluido. Hasta ahora se han identificado 15 cuerpos (8 menores de edad y 7 adultos), y dos más permanecen sin identificar. Hasta la fecha, el fiscal del caso ha autorizado la entrega a sus familiares de diez cuerpos identificados”, señalaba uno de los apartes de la comunicación.

El alcalde Sánchez explicó en RCN Radio que en muchas ocasiones, los familiares de los menores de edad que son reclutados por las organizaciones criminales no dan a conocer estos hechos ante las autoridades, por temor a que haya represalias en su contra.

“Si, (el dato que se tiene) es el que ha entregado Medicina Legal. Siempre es importante aclarar la comunidad del sector, cuyos hijos se los han llevado de manera obligada o forzosa, ellos tienen temor”, dijo Sánchez.

Y añadió: “Ellos no van a denunciar que un hijo fue llevado ha sido reclutado por estas disidencias. El temor, obviamente, es al desplazamiento y a las amenazas de estos grupos”.

Previamente, el comando de las Fuerzas Militares ratificó su versión inicial sobre los hechos ocurridos en Caquetá. A través de un comunicado, aseguró que “posterior a la operación de interdicción en el aérea no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual”.

Además agregó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses “es el único que puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muertes y plenas identidades de los occisos y sus edades biológicas” 

Así mismo, que “con la debida oportunidad, las Fuerzas Militares pusieron a disposición de las autoridades competentes, el personal, la información, documentos y material relacionado con la operación, para el desarrollo de las investigaciones”.

Según las FF.MM. “se tiene plena confianza en las investigaciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, y esperamos que los resultados se den a conocer de manera oportuna a la opinión pública, para evitar que continúen especulando respecto de la actuación de los integrantes de la Fuerza Pública en la operación”.

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Según el informe entregado la semana pasada por la Fiscalía, se reporta que dentro de la acción de las Fuerzas Militares se incautaron 15 armas de fuego entre fusiles, ametralladoras y pistolas, cartuchos, proveedores y otros elementos como dispositivos electrónicos.

Asimismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conformó un equipo interdisciplinario de médicos forenses, antropólogos, técnico de rayos X, balísticos, odontólogos y genetistas, para la identificación de los cuerpos.

Ante estos hechos, la Fiscalía General también anunció la apertura de una investigación preliminar por el bombardeo que se registró en ese campamento.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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