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Silueta de niños indígenas, al pie del río Amazonas.
Silueta de niños indígenas, al pie del río Amazonas.
AFP

A cuatro familias con niños la administración municipal de Leticia, Amazonas y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, los expulsaron de un terreno de su propiedad.

La Defensoría del Pueblo aseguró mediante un comunicado que los desalojos forzados son una violación al derecho internacional de los derechos humanos, incluido el acceso a una vivienda adecuada y por ello,  ningún desalojo puede dar lugar a una situación de calle. 

También la Defensoría firma que en medio de la epidemia, ser desalojado de la vivienda es una sentencia potencial de muerte.

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A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo, relató así los hechos: "El pasado miércoles 28 de octubre se realizó un proceso de desalojo en la ciudad de Leticia, Amazonas, sobre un grupo de personas, algunas de las cuales se autorreconocían como población indígena, quienes habrían llegado en el mes de septiembre a ocupar dos predios, uno de propiedad del Municipio y otro administrado por la SAE (Sociedad de Activos Especiales)".   

Agrega el comunicado de la Defensoría, que "el  jueves 29 de octubre, cuatro familias se presentaron a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Leticia solicitando la intervención de la entidad, por cuanto se les había notificado que serían desalojadas, y en su caso, según informaban, estaban residiendo en esos predios desde hace más de siete meses".

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Algunas de esas familias están conformadas por niños y no se había previsto una ruta de reubicación. La intervención de la Defensoría del Pueblo permitió evitar el desalojo de esas familias, al caracterizar a cada familia y verificar que en sus casos, no se cumplían los requisitos para efectuar ese procedimiento.  

Así mismo, la Defensoría reportó que "el 31 de octubre, frente a un nuevo procedimiento de recuperación del espacio público previsto por parte de las autoridades del municipio y dirigido frente a algunas de las familias que se trasladaron allí luego del procedimiento del 28 de octubre, intervino la Defensoría del Pueblo de manera oportuna y proactiva para permitir que durante la realización del procedimiento, se garantizaran los derechos de las personas en el marco de la recuperación del espacio público".   

Según la Defensoría durante todo este proceso ha estado presente verificando las armas que iba a utilizar el Esmad, con el Comando de Policía del Departamento. 
 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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