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El defensor del Pueblo se reunió con el menor de edad reclutado en el Bajo Cauca.
El defensor del Pueblo se reunió con el menor de edad reclutado en el Bajo Cauca.
Cortesía: Defensoría del Pueblo.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, le envió una carta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que insiste en la convocatoria de carácter extraordinario y presencial de una sesión de la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de abordar la grave situación de riesgos y amenazas a la que están expuestas las comunidades en el norte del Cauca.

La entidad destacó que con la suspensión del cese al fuego bilateral en ese lugar del país, se incrementaría la instalación de campos minados, el reclutamiento forzado, mayor instrumentalización de la población civil por parte de organizaciones armadas al margen de la ley entre otros hechos, especialmente, en 13 municipios de esa zona del departamento que necesitan que se implementen decisiones y acciones de fondo. 

“Los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en seis de nuestras Alertas Tempranas emitidas en los últimos tres años y sus posteriores oficios de consumación”, aseguró Camargo.   

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Cabe destacar que, en el 2023 la Defensoría emitió para el norte del departamento tres alertas tempranas por el accionar de grupos armados como el Bloque Occidental Jacobo Arenas, que se dio tras el cese al fuego bilateral entre el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional.

En lo que va del 2024 han sido registrados 23 casos de reclutamiento forzado en todo el Cauca, y al menos nueve de ellos en el norte del departamento, mientras que el año pasado se reportaron 153 niños y adolescentes indígenas que fueron reclutados o sufrieron amenaza de reclutamiento en la zona norte, de los 235 casos en todo el Cauca. 

“También es importante tener en cuenta los efectos de la suspensión del cese al fuego, toda vez que es posible que se incremente la instalación de campos minados, homicidios, reclutamiento forzado, una mayor instrumentación de la población civil para que los actores armados al margen de la ley puedan evadir la misión en terreno de la fuerza pública”, alertó Carlos Camargo.

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La Defensoría ha evidenciado la preocupación de la población civil por las formas de regulación de la vida social, económica, cultural y política, que mediante el uso de la fuerza y otras acciones de control, vienen adelantando el Estado Mayor Central, el ELN y bandas criminales.

El permanente confinamiento en el que se encuentran las comunidades de las zonas rurales se debe a la gobernanza criminal, que controla la vida social, económica y comunitaria. "Esto ha llevado a una mayor resistencia ejercida por las autoridades indígenas, líderes afros y campesinos, pero lamentablemente han sido fuertemente atacados", dijo el Defensor.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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