Duque exigió acelerar plan de inversión social en el Cauca tras consejo de seguridad

Tras los hechos de violencia registrados en la última semana, especialmente  contra comunidades indígenas del departamento del Cauca, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, volvió a la región para anunciar medidas que permitan frenar los ataques contra los nativos. 

Aunque se esperaba que el mandatario hiciera anuncios relacionados con nuevas medidas de seguridad,  la reunión con la Cúpula Militar, varias entidades del estado y las autoridades locales, tuvo como objeto, hacer un análisis de las inversiones que se vienen adelantando en materia social en este departamento y proyectar algunas para el próximo año. 

"Consideramos que esa visión integral del Estado, seguridad y justicia, debe ir de la mano con toda esta inversión social", dijo Duque en una declaración en la ciudad de Popayán, capital del conflictivo departamento del Cauca.

Lea también: Indígenas del Cauca piden al presidente Duque que se reúna con esas comunidades

El mandatario lideró el segundo consejo de seguridad de esta semana en esa región junto al ministro de Defensa, Guillermo Botero, la cúpula de la fuerza pública, el gobernador y otras autoridades del Cauca, epicentro de los ataques a las comunidades ancestrales a manos de disidencias de las Farc.

Duque, designó al Alto Comisionado para La Paz, Miguel Ceballos para coordinar la ejecución de un “Plan de Acción Social” para la región, que tiene como fin, ampliar algunos programas como el de  Familias en Acción y también acelerar los procesos de contratación de varios proyectos que tienen financiación del Sistema General de Regalías, para que se desarrollen de una manera rápida beneficiando a gran parte de los municipios del Cauca.

“Desde el 7 de agosto hasta la fecha, hay cerca de 160 proyectos aprobados por regalías y he dado instrucciones muy precisas para que  una vez surtido el proceso electoral, se pueda agilizar la contratación de esos proyectos para llegar al 90% de los municipios del Cauca”, indicó el mandatario. 

El presidente afirmó que el paquete de medidas, cuyo costo no precisó, incluye subsidios, ayudas educativas y para emprendimientos colectivos en los resguardos indígenas, así como "acelerar" proyectos de infraestructura vial.

De igual forma ratificó las decisiones tomadas en el consejo de seguridad de la semana anterior en Santander de Quilichao (norte del Cauca), donde anunció la llegada de 2.500 hombres de la fuerza pública. 

Encuentre aquí: En menos de una semana han sido asesinadas 15 personas en el Cauca

“He estado en el Cauca 9 veces desde que empecé este gobierno y seguiremos estando. Vamos a derrotar este fenómeno del narcotráfico que ha sido el combustible para que grupos como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos, intimiden a la población”, puntualizó el presidente Duque. 

Mientras tanto, las comunidades indígenas que han perdido a 7 de sus integrantes en ataques armados registrados en el municipio de Toribío en una semana, siguen insistiendo en que el gobierno debe reunirse con ellos para poder llegar acuerdos que permitan solucionar la difícil situación. 

Duque ordenó el miércoles el despliegue de 2.500 militares de una fuerza élite para combatir a los disidentes de la disuelta guerrilla Farc, que el martes mataron a cinco indígenas en el Cauca.

Desde entonces, en esa región cocalera han sido asesinadas al menos ocho personas más, según los indígenas y las autoridades.

La orden de militarización fue cuestionada por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que abogan por una estrategia "integral".

En lo corrido del año la oficina en Colombia de la Alta Comisionada ha documentado 52 asesinatos en territorio de los indígenas nasa, en el norte del Cauca.

Lea también: Joven indígena fue asesinado en Toribío

La ONIC, principal organización aborigen, ha denunciado el asesinato de más de 126 indígenas desde la llegada de Duque al poder en agosto de 2018.

Duque relaciona la violencia contra los indígenas con el narcotráfico y "el crecimiento exponencial" de narcocultivos de los últimos años, que alcanzaron 169.000 hectáreas en 2018, según la ONU.

Para los indígenas las acciones "sistemáticas" en su contra son consecuencia del "incumplimiento de los acuerdos" de paz suscritos en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.

El pacto con el ahora partido Farc privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilegales a cambio de ayudas para los campesinos involucrados en la siembra.

Tras décadas de persecución a las drogas, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y Estados Unidos, su mayor consumidor.