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Mocoa
RCN Radio / Jairo Tarazona

Ante la Sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía acusó a la exgobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca por el delito de homicidio culposo, por la muerte de más de 300 personas en la ciudad Mocoa debido a la avalancha que se registró el 31 de mayo de 2017. 

De acuerdo con las investigaciones, la exmandataria habría incurrido en una serie de omisiones que evitaron reaccionar a tiempo frente a la emergencia ocurrida debido a la ola invernal en esa época 

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La Fiscalía le reprochó a la exgobernadora la falta de un sistema de alertas tempranas y de un plan para la gestión del riesgo frente a inundaciones derivadas de las fuertes lluvias que se presentaron en esa época en Colombia. 

“Aroca, como gobernadora en 2017, obvió las advertencias, controles y se abstuvo de realizar las actividades que le eran exigibles para evitar las consecuencias del fenómeno natural presentado entre el 31 de abril y primero de octubre de esa anualidad", señaló la Fiscalía en el escrito de acusación que presentó formalmente a la Corte Suprema de Justicia. 

El mismo escrito dice que “existía una evidente situación de riesgo generado por un factor de naturaleza que le exigía el deber de actuar” a la entonces mandataria y sin embargo no lo hizo. 

Después de cuatro años de los hechos, la reconstrucción de Mocoa no avanza. En los últimos días se conoció un informe de la Contraloría General que detalla los incumplimientos y demoras en la reconstrucción de las viviendas que desaparecieron.

De acuerdo con las investigaciones de la Contraloría, el Gobierno que se había comprometido a entregar 100 viviendas para septiembre, no cumplirá con esa meta. 

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El contralor delegado del sector vivienda y saneamiento básico, Javier Reyes, dijo a través de una publicación en las redes sociales que el Ministerio de Vivienda en cabeza de Jonathan Malagón, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Fonvivienda no van cumplir ningún compromiso. 

“En una reunión con el Gobierno Nacional nos informan que no van a entregar ese numero de viviendas, sino que serán 72 en octubre y el resto en diciembre. Pero eso no obedece a la realidad. No hay posibilidad de entregar esas viviendas”, dijo el Contralor delegado.  

Al respecto, la Procuradora Margarita Cabello Blanco en una visita institucional al lugar hace un par de días, para verificar los avances de las obras que prometió el Gobierno Nacional, anunció posibles sanciones disciplinarias por esos retrasos. 

“Preocupada pero también molesta porque lo que he visto es un retraso en las obras y lo que preocupa son los fenómenos naturales que están por venir como el fenómeno de La Niña. Después de cuatro años creo que amerita que estemos encima para lograr el resultado rápido de las obras”, dijo la Procuradora. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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