Gobernador del Huila presidió encuentro entre fiscal de la JEP y mandatarios del país

El gobernador del Huila y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Julio González Villa, se reunió durante dos horas con el fiscal General de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Giovanni Álvarez.

Durante el encuentro, que se dio el viernes en Bogotá, el mandatario y sus homólogos fueron informados sobre la ubicación de las 12 sedes donde funcionará la JEP en el país.

Entre ellas, la  Sede Regional dos que operará en Neiva y desde donde se coordinarán las investigaciones contra los actores directos e indirectos del conflicto armado en el departamento.

Desde allí se direccionarán los procesos judiciales de Ibagué, Tolima, y Puerto Asís, Putumayo.

Según le manifestó Álvarez a González Villa, el Huila es un departamento importante para la Justicia durante el posconflicto y por eso Neiva, su capital, hace parte de las 12 sedes con las que empezó a operar la JEP en el país, de las 26 que se espera funcionen en los próximos meses.

Gobernadores del posconflicto

“Somos los gobernadores del posconflicto y para nosotros es muy importante conocer cómo funcionará la Justicia Especial para la Paz y cómo se garantizará una paz estable y duradera”, le dijo González Villa al fiscal Álvarez.

Durante la reunión, el principal vocero de la Justicia Especial para la Paz pidió a los gobernadores del país un lugar apropiado en sus departamentos para que se instalen los fiscales, jueces y magistrados que integrarán este nuevo modelo de Justicia en Colombia.

“Son dos solicitudes muy puntuales: la infraestructura que se necesita para el funcionamiento de la JEP y el enfoque de víctimas y el reconocimiento a las narrativas históricas de las víctimas de la región”, manifestó González Villa.

Sobre el escenario para el funcionamiento de la JEP en el Huila, Carlos Julio González respondió que examina su viabilidad jurídica, administrativa y financiera.

El objetivo de la Justicia Especial para la Paz es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno.