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Masacre
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Disputas entre grupos ilegales en los antiguos territorios que ocupaban las Farc, la persecución a personas que se oponen a actividades como la minería ilegal y la falta de inversión social en las zonas en donde la actividad predominante sigue siendo el cultivo de hoja de coca son, según diferentes sectores, las causas de la violencia y los asesinatos a líderes sociales en el Cauca.

El control de recursos mineros, hídricos y de biodiversidad, así como el de rutas para el transporte de drogas, han encontrado oposición, en condiciones desiguales, de campesinos, indígenas y comunidades negras.

Quienes se enfrentan a la comunidad civil son grupos ilegales que nunca se han ido del Cauca y que, como lo asegura Cristian Raúl Delgado, defensor de Derechos Humanos, se reacomodaron “en algunos territorios en donde anteriormente tenía presencia las Farc y el gobierno nacional fue incapaz de hacer presencia integral en esos territorios y en los cuales hay una disputa de poder”.

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Walter Aldana, ex asesor de paz departamental, advierte que con el incumplimiento de los compromisos incluidos en el acuerdo de paz de 2016, especialmente los relacionados con el del primer punto en el que se estableció la reforma rural, los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito han quedado rezagados.

Los campesinos “no ganan en dólares, mucho menos los conoce pues lo que ellos hacen es un trueque de hoja de coca o de base por alimentos, y eso es una razón del porqué entonces el Suroccidente colombiano quedó en manos del narcotráfico”, explica.

Desde finales de 2016 se ha contabilizado el asesinato de 207 personas entre defensores de derechos humanos, líderes sociales y ex combatientes. En la mayoría de los casos la oposición al control territorial ha sido la causa de los hechos violentos.

“Hay que tener en cuenta que la mayoría de homicidios ocurren en zonas en donde históricamente ha habido resistencia en defensa de la vida y el territorio por parte de organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes”, agrega Delgado.

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Sector productivo pide mayor participación en decisiones

Carolina Vallejo, empresaria y ex directiva gremial en el Cauca, destaca que si bien hay anuncios del gobierno nacional por atender las problemáticas de seguridad en el departamento, es necesario una interlocución con los sectores productivos y sociales de la región para entender el origen de los fenómenos de violencia.

El gobierno nacional ha tenido la intención de trabajar con el departamento del Cauca y de analizar posibles soluciones al problema tan grave de orden público que estamos viviendo;  sin embargo, yo creo que necesitamos un trabajo más articulado y más fuerte en el departamento, que se oiga la voz de todos los caucanos”, indica Vallejo.

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En los últimos tres años, del total de asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos se advierte que el 12%de víctimas eran mujeres, el 85%  por ciento de los asesinatos han ocurrido en zonas rurales y en el caso de los grupos de víctimas el 47%, corresponde a Indígenas, el 27% a campesinos y el  11%  a comunidades negras. Organizaciones de la sociedad civil advierten que el Cauca es el departamento con el mayor número de muertes violentas de líderes sociales en el país.

 

Fuente

RCN Radio

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