Se acuerdan protocolos de seguridad para sustitución de cultivos ilícitos en el Caquetá
Las tropas seguirán haciendo el acompañamiento para la verificación y así erradicar la coca de manera mancomunada.
Tras una reunión con la presencia de Eduardo Díaz, director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, delegados de Naciones Unidas y del Ejército, se acordaron los protocolos de seguridad para la ejecución del programa en el departamento del Caquetá, luego de los problemas que se presentaron con unos funcionarios de la ONU que realizaban la verificación al proceso en el municipio de El Paujil.
El general, Cesar Parra, comandante de la Sexta División del Ejército, dijo que las tropas seguirán haciendo el acompañamiento para la verificación y se sumarán a las comunidades para erradicar la coca de manera mancomunada.
“Se definió una estrategia para que se puedan dar garantías en el departamento del Caquetá, en la implementación de estos acuerdos, para que la gente pueda sustituir los cultivos ilícitos. Por eso vamos a hacer un seguimiento con un puesto en el que se harán controles y se brindará seguridad en esas actividades”, afirmó Parra.
En el encuentro, en el que se analizó el avance que han tenidos los PNIS en el municipio de Puerto Rico, donde se han hecho dos pagos a los campesinos que decidieron hacer tránsito a una economía lícita, se estableció que se desplegarán las capacidades del Ejército para erradicar la coca de manera mancomunada con la comunidad y para garantizar la seguridad de esta.
Así mismo, se consignó que una vez culmine el proceso, la Sexta División ejercerá control para impedir que se vuelvan a sembrar plantaciones ilegales con la gestión de proyectos productivos y asociativos con el Programa Fe en Colombia- Pasión Caquetá, ejecutado por el Batallón de Acción Integral y Desarrollo número 06.
Luego de la firma del acuerdo en varias poblaciones del Caquetá, las autoridades y beneficiarios esperan que se cumpla por parte del Gobierno Nacional, para evitar movilizaciones y protestas que puedan desencadenar en hechos de alteración del orden público.