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Nulos quedaron tres acuerdos que prohibían la construcción de represas y actividades mineroenergéticas en el sur del departamento.

Quienes impulsaron los acuerdos no descartan las vías de hecho.
Líderes, concejales y comunidad en general rechazaron la decisión.
RCN Radio

Tras una extensa audiencia, el juez Séptimo Administrativo de Neiva, Tito Alejandro Rubiano, decidió invalidar tres acuerdos que buscaban impedir la minería de alto impacto en las poblaciones de Oporapa, Timaná y San Agustín, en el sur del Huila.

El juez señaló que tanto los municipios como los concejales no tenían competencia para prohibir la explotación de recursos naturales, dado a que es una actividad completamente legal.

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De acuerdo a los asesores jurídicos del Ministerio de Minas y Energía, la restricción de estas actividades se amparó en el principio de autonomía territorial y las facultades constitucionales de los Concejos, para determinar los usos del suelo y planear el desarrollo local.

La aprobación de estas normativas estaba soportada en la sentencia T-445 de la Corte Constitucional.

Estos tres acuerdos anulados se suman a los ya deslegitimados de Altamira y Pitalito, que tenían el mismo propósito antiminero, así como otras dos consultas que venían siendo impulsadas por los habitantes de Íquira y Oporapa, las cuales ya estaban avaladas por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte los concejales y líderes ambientales que impulsaron los acuerdos coinciden en señalar que una vez más se falló en contra de los intereses de la comunidad y afirman que buscarán otras estrategias para apelar esta decisión y así blindar sus territorios contra cualquier práctica minero-energética.

No obstante el vocero de Asoquimbo, Miller Dussán, indicó que pese a este revés, aún contemplan las vías de hecho.

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“En esta decisión vemos como se desconoce la protección del medioambiente, la protección del patrimonio ecológico y cultural y así terminan favoreciendo a lo que llaman desarrollo empresarial de las multinacionales", indicó.

Este ambientalista agregó que una vez más "se puso al privado por encima del derecho al territorio y de lo que realmente quieren las comunidades”.

Líderes ambientales, concejales y hasta alcaldes temen que tras esta decisión judicial se puedan caer otros acuerdos de esta misma naturaleza en los municipios como Acevedo, Elías, El Agrado, Íquira e Isnos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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