Tres municipios de Nariño fueron desangrados para financiar la guerra

El primer informe que entrega la Contraloria a la Justicia Especial para la Paz da un panorama acerca de cómo durante el conflicto armado se desviaron recursos públicos de inversión social para la financiación de la guerra.

Este primer informe revela las irregularidades detectadas únicamente en  los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño), donde entre el 2007 y el 2013 lo recursos que debían usarse para salud, educación y obras públicas se utilizaron para ayudar a las Farc en su actividad criminal.

En solo esos siete años le fueron robados a esos tres municipios más de 5.400 millones de pesos. $ 3.092 millones en Tumaco, $ 2.417 en Barbacoas y $ 217 Ricaurte.

Por estos hechos la Contraloría ha proferido fallos con responsabilidad fiscal por cuantía de $ 1.246 millones, y actualmente están en trámite otros 17 procesos, cuya cuantía asciende a $ 1.577 millones. 

En este robo de regalías no solo participaron las Farc, también estarían involucrados civiles y funcionarios públicos. 

“El conflicto no se agota en los combatientes, tuvo fuentes de financiación múltiples y estamos seguros que la información de la Contraloria nos va a servir para identificar esos actores que por ejemplo sirvieron a la guerra desde su financiación”, recalcó la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP.

Por su parte el saliente contralor Edgardo Maya Villazon señaló que esta información será útil para que la JEP pueda “establecer un contexto o patrón en determinadas regiones del país, en donde las irregularidades que hayan sido detectadas en ejercicio del control fiscal, comprometan el concurso de recursos públicos y estén relacionados de manera directa o indirecta, con el conflicto armado interno”.

Estos tres municipios de Nariño fueron priorizados por la JEP para la investigación de los crímenes cometidos contra la población, por tratarse de una de las regiones más azotadas por el conflicto.