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Foto tomada de la cuenta en Facebook: Fiscalía General de la Nación



La Fiscalía General de la Nación reveló que desde el año 2017 a la fecha, las autoridades de policía judicial lograron el embargo de activos y bienes por un valor que asciende a 90 mil millones de pesos, en desarrollo de los operativos de extinción de dominio que siguen en relación con los escándalos de corrupción en el país.

Así se desprende del más reciente informe preparado por la Dirección de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía General conocido por RCN Radio y que deja al descubierto el ranking de los casos de corrupción en los que lograron ejecutar los golpes más grandes contra estas redes criminales.

-Los sobornos de Odebrecht-

Los expedientes judiciales evidenciaron que el primer escándalo que lidera este 'top' de bienes embargados a los corruptos, es Odebrecht, a cuyos principales autores como el exsenador Otto Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales; los hermanos Enrique José y Eduardo Ghisays Manzur y el ex fiscal Rodrigo Aldana, se les extinguieron millonarias propiedades entre las que aparecen inmuebles, sociedades, vehículos, entre otros.

“Si se cuentan los 37 mil millones de pesos de corrupción exclusivo que adelantamos más los 53 mil millones de pesos que se le afectaron en total a Otto Nicolás Bula, se afectaron bienes con fines de extinción del derecho de dominio en el 2017 por valor de 90 mil millones de pesos, que en realidad eso es una cifra récord”, dijo en entrevista a RCN Radio la directora de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, Andrea Malagón.

Además, los Fiscales indicaron que en relación con este escándalo, la justicia logró que por primera vez las autoridades extranjeras congelaran acciones por 4 millones de dólares obtenidas por el ex viceministro García Morales y puestos en paraísos fiscales de las Islas Vírgenes.

Por su parte, la Fiscal Malagón reveló que los investigadores esperan respuesta de las cartas rogatorias realizadas a la justicia de Estados Unidos, varios países de Europa y de Latinoamérica, con el fin de avanzar en la ubicación e identificación de nuevos bienes de otros implicados en este caso.

“En este momento sí, estamos en espera de la respuesta de las cartas rogatorias correspondientes. No obstante, ya dimos un primer paso que es la afectación de bienes con el fin de extinción del derecho de dominio de unas acciones que se encuentran en las Islas Vírgenes (…) Pero sí está Estados Unidos, unos en España, y otras solicitudes en Argentina de lo que recuerdo”, dijo Malagón.

Igualmente señaló: “Se intensificará la acción no sólo en lo correspondiente con esos implicados, sino de todas las investigaciones, porque se ha advertido que uno de los modus operandi, como ha sido tan fuerte la acción de la extinción del derecho de dominio y la afectación de las finanzas criminales en Colombia, ya los delincuentes no están invirtiendo en Colombia, entonces toca enfilar nuestras baterías y el apoyo de todas las unidades investigativas internacionales para la ubicación de bienes y lograr, bien sea, la recuperación del activo o la extinción del derecho de dominio de esos bienes”.

-Desfalco en los Juegos Nacionales-

El segundo capítulo que la Fiscalía incluyó en su ranking de investigaciones es la defraudación que se registró en los contratos para las obras de los XX Juegos Nacionales de Ibagué y IV Paranacionales 2015 y que comprometieron recursos por cerca de 12 mil millones de pesos.

Por este caso la Fiscalía y la Policía ocuparon 157 propiedades valoradas en más de 8.500 millones de pesos, entre los cuales se encuentran oficinas de la multinacional española Typsa, apartamentos, lujos, fincas, vehículos y cuentas bancarias.

La Fiscal Magalón indicó que referente a este caso los investigadores también indagan y llevan cabo una intensa persecución de otros activos de implicados en este escándalo.

“Estamos en la búsqueda porque los 8.500 millones de pesos no fue el total del desfalco que se hizo con los Juegos Nacionales, entonces estamos en el rastreo de más bienes que puedan ser pasibles del derecho de extinción de dominio e identificando aquellos que fueron adquiridos como consecuencia del traslado de esos dineros desde la filial TYPSA hacía su casa matriz. Es decir, estamos es una de nuestros teorías del caso y estamos en el proceso de rastreo de esos bienes”, indicó Malagón.

-El saqueo en Córdoba-

El tercer proceso que destaca la Fiscalía es el relacionado con el desangre a los recursos de las regalías de Córdoba que involucra, entre otros protagonistas, al ex gobernador Alejandro Lyons y al actual gobernador del departamento Edwin Besaile, a quien la Fiscalía le imputará cargos por el llamado 'cartel de la hemofilia', que generó una defraudación que alcanzó los 42 mil millones de pesos.

En el caso de Lyons, hoy testigo protegido de la justicia de Estados Unidos, la Fiscalía le embargó a sus señalados testaferros, en una primera instancia, cuatro fincas ubicadas en Sahagún, Córdoba, con una extensión de 525 hectáreas valoradas en más de 4.100 millones de pesos y poco después le ocupó otras 112 hectáreas, para un total de 637.

“Irregularidades en el tema que se conoce como el 'Cartel de la Hemofilia' que fueron pagos de servicios médicos que no podían ser cubiertos por el POS, de supuestos pacientes hemofílicos que nunca existieron ”, señaló Malagón.

La fiscal Andrea Malagón también confirmó a RCN Radio que la Fiscalía inició el rastreo a nivel nacional e internacional de posibles bienes presuntamente adquiridos por el gobernador Besaile, por las graves irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la salud destinados a la atención de la enfermedad de la hemofilia.

“En este momento, conforme a las políticas de la Fiscalía General de la Nación, sí se está haciendo un rastreo. La identificación de los bienes que están en cabeza de él (…) El patrimonio no tiene una jurisdicción en específico, sino el patrimonio es uno solo, y como el patrimonio es uno solo, nosotros extendemos el rastreo de bienes nacional e internacional".

-El desvío de los recursos del PAE-

Otro de los episodios más graves en materia de corrupción, tenido en cuenta que los principales afectados son los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, fue la desviación de recursos que debían ir destinados para la atención del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en contratos por 150 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, en las irregularidades por la contratación entre el ICBF y la fundación 'Un Mejor Vivir', relacionada con la Gobernación de la Guajira, se afectaron bienes por valor de 1.290 millones de pesos.

“En este caso, también que se llevó como investigación espejo. Este resultado en atención a todos los problemas que se venían presentando y las consecuencias que se venían presentando de la ausencia de alimentación de los menores de edad en La Guajira que es de público conocimiento lo que está pasando, los niños se estaban muriendo de hambre”, manifestó Malagón.

-Caso Petrotiger-

La Fiscalía también resaltó las labores de extinción de activos a los implicados en el caso de sobornos que pagaron directivos del grupo Petrotiger a Ecopetrol para lograr la adjudicación de millonarios contratos en Colombia, valiéndose de falsas contabilidades y otra serie de irregularidades.

“Como consecuencia de ello se pagaron unas comisiones bastante altas a funcionarios que pertenecían a Ecopetrol y como consecuencia de eso se afectaron 14 bienes por valor de 3 mil millones de pesos".

Por último, fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía también enfila baterías para obtener prontos resultados en otros escándalos de corrupción como el 'Cartel de la Toga', Reficar, InterBolsa, entre otros.

Por: Mauricio Collazos