Trashumancia: el delito electoral que amenaza a varias regiones del país

Las autoridades están en alerta por el incremento del riesgo de trashumancia en algunas regiones. En La Guajira, Boyacá y Meta hay municipios donde este delito supera hasta 16 veces la media nacional.

RCN Radio les puso el ojo a estas denuncias y conoció de cerca esta compleja problemática que mantiene en alerta a más de 90 municipios en el país y que se suma a otros riesgos que enfrenta el proceso electoral como la financiación indebida de campañas. 

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Según el Consejo Nacional Electoral, La Jagua del Pilar en La Guajira, Paya en Boyacá y Puerto Gaitán en el Meta son los municipios con un riesgo crítico de trashumancia de votos, de cara a las elecciones regionales de este año.

Para conocer el llamado que hacen sus habitantes frente a esta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, la referencia inicial se ubica en La Jagua del Pilar. En ese municipio del sur del departamento de La Guajira, la personera Julis Abuabara asegura que cerca de 2000 personas, que no tienen ningún vínculo aparente con ese municipio, hicieron que la población electoral creciera en una cifra cercana al 200%.

"Este es un municipio de 3500 habitantes y según el DANE tenemos cerca de 2600 votantes. Pero no es así porque según cifras de la registraduría  hay 4200 o más ciudadanos inscritos para votar", aseguró la personera de ese municipio.

¿Cómo funciona este delito en los municipios del país?

En Puerto Gaitán, departamento del meta, es fácil encontrar detalles de cómo es el funcionamiento de este delito electoral. En este lugar la voz de un líder regional, al que por seguridad identificamos como Diego Tovar, da cuenta de algunas particularidades propias de este delito.

"Esto inicia desde mucho antes de las elecciones y es como comprarle el voto en dos contados y con dos pasos distintos", dijo Tovar. Aseguró que inicialmente llegan hasta el pueblo en donde consiguen a los posibles vendedores del sufragio; posteriormente les pagan $100.000, por inscribir su cédula en otro municipio, los llevan, les pagan el transporte y los regresan al final del día.

La segunda parte del negocio se da el día de las elecciones. "Cuando inicialmente llegan en un bus a recoger a los votantes, los llevan a sufragar y después de pagarles los $100.000 restantes, los regresan a esa población", agrega Tovar.

En Paya, Boyacá, los líderes comunitarios han hecho un llamado al Consejo Nacional Electoral, a la Misión de Observación Electoral y a las autoridades en general, para poder evitar afectaciones a las votaciones."Es necesario que intervengan para que se puedan elevar las banderas de un voto libre y de una verdadera democracia en la que sea un voto limpio y voluntario", aseguraron algunos de los líderes de la región.

Según se pudo conocer, hay un total de 94 municipios con una inscripción atípica de cédulas entre los que se cuentan al menos ocho, con una tasa 16 veces superior al promedio nacional.

Fabiola Márquez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, destacó que la entidad tiene conocimiento de varias denuncias y que se están haciendo las investigaciones pertinentes.

"Este es un problema que desde hace mucho tiempo se viene presentando en Colombia. Se han tomado varias medidas entre ellas una de las más importante es la de generar conciencia en la ciudadanía", dijo la funcionaria.

Sumado a ello destacó que para el proceso electoral de 2019 se inhabilitaron miles de traslados de ciudadanos que intentaron cambiar su lugar de votación y explicó que esto no significan que ellos no pudieron votar, sino que se les dejó el puesto que inicialmente les correspondía.

Además de la trashumancia, el CNE asegura que también se tienen algunas alertas por delitos relacionados a la financiación irregular de campañas, violación de los topes y omisión de los nombres de los aportantes.