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Foto: Colprensa



Los representantes de las universidades públicas del país enviaron una carta al Congreso pidiéndoles hundir un artículo que quedó aprobado en la ley de infraestructura, que las podría dejar desfinanciadas.

Consideran que se trata de un ‘mico’ que les impide celebrar convenios interadministrativos, que anualmente les deja recursos que pueden ascender a alrededor de 30 mil millones de pesos.

Luis Orlando Aguirre Rodríguez, representante profesores del consejo superior de la UIS y vocero de las instituciones, dijo que la petición al Congreso es excluir ese artículo en la etapa de conciliación.

“La petición en concreto es que en la conciliación se acepte lo aprobado en la Cámara de Representantes, que excluye en su totalidad el artículo 5 y le permite a las universidades la celebración de los convenios interadministrativos con los entes territoriales, de tal manera que las finanzas no se vean afectadas, además del desfinanciamiento propio que ya tienen los centros educativos”, señaló.

“De mantenerse lo que salió en el proyecto de ley en el Senado, el grave impacto que tendría en las finanzas de la universidad pública en cuanto a los recursos que se generan por rentas propias y específicamente por los rubros de convenios interadministrativos de diseño, asesoría y consultoría, sería de alrededor del 20 o 25% y podría llegar al 30% de esas rentas propias que se generan, que podrían llegar a ser entre y 25 mil millones de pesos”, añadió.

Dijo además que la desfinanciación actual de las universidades públicas, gracias a la ley 30 de 1993, ya asciende a alrededor de 11,5 billones de pesos.

“Esta crisis ha generado que se modifique la contratación de docentes de cátedra y de práctica, pasando de un 70% de planta y 30% de cátedra, a un 30 de planta y 70 de cátedra con el inconveniente que eso tiene en las actividades de la universidad”, manifestó.

Aseguró además que el control de los convenios interadministrativos deben ser más estrictos porque sí reconoce que en algunas oportunidades ha habido malos manejos de los recursos.

Carta Senado